El último año se clausuraron 70 por no cumplir con la reglamentación o trabajar de manera informal. Falta reglamentar la ley vigente. Por ello se apela a la denuncia penal como ocurrió ayer con una que funciona en Jocolí.
La explotación de canteras se encuentra en una zona gris debido a la falta de una regulación específica y por ende la imposibilidad de aplicar sanciones eficientes. Los últimos dos años se clausuraron en Mendoza alrededor de 70 debido a que de alguna manera transgredían las normas o no contaban con aprobación para su funcionamiento.
Debido a esto, la dirección de Minería debe apelar a las denuncias penales, transfiriendo de esta manera la problemática al Poder Judicial.
Se encuentran dentro de la categoría de minería de tercera generación en las cuales se extrae material de construcción como arena, ripio y rocas de aplicación, aquellas utilizadas entre otras cosas para la ornamentación como pueden ser los mármoles.
Lo que sucede es que la legislación vigente no es suficiente para aplicar sanciones y tomar medidas administrativas que permitan corregir irregularidades.
La vigente es la ley N° 8434 denominada de Regulación de las actividades comprendidas en la explotación de las canteras -Tercera Categoría y fue sancionada en junio de 2012. Sin embargo, nunca fue reglamentada por lo que no se aplica.
Además de dejar un vacío legal, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, dijo que fue sancionada con algunos errores mientras que en términos generales es obsoleta. Por ello trabajan en la elaboración de un nuevo proyecto.
Detalló que las clausuras se producen por temas impositivos, por no tener papeles en regla, no acreditar propiedad del terreno, por incumplimiento de normas de Higiene y Seguridad y o por riesgos ambientales. Es que al no estar habilitadas adecuadamente no tienen estudios de impacto ambiental, por otra parte también pueden ocasionar daños si los procedimientos no son los adecuados.
Explicó que una de las consecuencias de un mal funcionamiento pueden implicar efectos sobre el entorno como desvío del cauce de un río. También pueden producirse efectos estructurales como daño de caminos por donde transitan los camiones que llevan más carga de la que deben. Incluso pueden afectar a la comunidad si por ejemplo se desprende material y golpea el parabrisas de un vehículo que circula por la misma vía.
Subrayó que “es altísima la evasión impositiva por venta ilegal” mientras que cuando trabajan fuera de las disposiciones sobre Higiene y Seguridad también se ponen en riesgo los operarios que allí trabajan.
Muchos operadores no cuentan con las habilitaciones correspondientes que implican informes de impacto ambiental, pero aún entre quienes sí los tienen han detectado que algunos explotan el área más allá de los límites que les fueron aprobados.
Por ello el funcionario destacó que se trabaja fuertemente en lograr mayores controles para regularizar estas situaciones.
Desinformación
En la provincia hay unas 250 canteras, de las cuales la mayoría son explotadas por familias de trabajadores rurales. El subsecretario consideró que muchas de estas irregularidades se cometen no por mala voluntad sino simplemente por desinformación.
Coincidió con esta perspectiva Diego Montón, referente del área de Territorio de la Unión de Trabajadores sin Tierra. Señaló que antes de la sanción de la ley no era necesaria la aprobación de Minería para explotar canteras superficiales por lo que muchos pueden no estar al tanto de los cambios.
Por otra parte contó que en zonas donde hay ríos secos las familias de la zona aprovechan el material para hacer las bases de sus casas, las que construyen de manera precaria con los recursos que hay en los alrededores.
En tanto, desde la Cámara de Minería de Mendoza dijeron que sólo un propietario de cantera está adherido a la organización y tiene todo en regla mientras que desconocen al resto ni como trabaja. Por la misma causa dijeron no estar muy empapados de la regulación vigente al respecto pero conocer la falta de reglamentación de la norma.
Guiñazú detalló que actualmente lo que rige es el Código de Minería “entonces hay policía minera e inspectores pero si infringen la ley no hay herramientas administrativas para hacerla cumplir ante lo cual sólo queda la denuncia penal”. Aclaró que el código no prevé incautar maquinarias y equipos o aplicar multas pecuniarias como mecanismos de presión para lograr la regularización.
Por ahora lo único que puede hacerse es una clausura, pero estas se infringen y explicaron que no se puede poner un inspector en cada una.
Denuncia penal por actividad irregular
La Dirección de Minería de Mendoza realizó una denuncia penal para que se investigue la explotación irregular de la cantera ubicada en el establecimiento “El Quemado” ubicado en Jocolí.
Esta había sido clausurada en 2014 pero según explicó Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía, se detectaron indicios de actividad por lo que a través de la judicialización del caso se busca determinar quién es el responsable.
“Como es minería de tercera categoría quien puede explotarla es quien puede acreditar la propiedad, sin embargo esto no pudo comprobarse en aquel entonces y no se habilitó”, señalo.
Es que el campo en cuestión tomó trascendencia pública a comienzos de junio debido a un conflicto por la propiedad. Tal cual publicó Los Andes el 3 de ese mes, el abogado Pablo Rodríguez Peña reclamaba la propiedad aduciendo que se trata de una herencia mientras que trabajadores rurales de la zona aseguraban que desde hace años utilizan esos campos para la cría de animales. Así las cosas, la Justicia ahora deberá determinar quién ha hecho uso de la cantera.
“Cuando surge el conflicto por la tierra aparece el tema. Entonces, la policía minera sale de oficio a ver la situación y se verifica que se había vuelto a explotar; se ratifica la clausura y se procede a hacer la denuncia penal para saber quién la ha estado explotando de forma ilegal y partir de esto se imputará al responsable”, explicó el funcionario provincial.
Ya en setiembre de 2016, ante una denuncia, los inspectores recorrieron el área y encontraron indicios de la extracción de áridos y un plano inclinado, constatando que la clausura fue violentada y que se había infringido el cierre determinado por la autoridad de aplicación.
La denuncia penal fue formulada ante la Unidad Fiscal del departamento de Las Heras, y según la Dirección de Minería, se basó en la violación de la clausura “propiamente efectuada, la continuación de las actividades de explotación ilegal y por considerar que existe un peligro inminente para la población y un daño ambiental en la zona”.
Diego Montón, vinculado a la gente de la zona a través de la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST) negó que los campesinos hubiesen explotado la cantera en cuestión.
En tanto, Rodríguez Peña manifestó que cuando llegó a reclamar el terreno “las personas de la UST no estaban pastoreando, estaban explotando la cantera y ahí había máquinas. La denuncia la hice yo”, subrayó el abogado.
Los Andes
