El juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó retirar la escombrera que dejó la minera chilena Pelambres en suelo calingastino, en el marco de la causa penal iniciada en 2014 por la empresa Glencore, a cargo de la mina Pachón. En la resolución, el magistrado también citó a indagatoria a los directivos del Pachón, para ampliar la investigación y determinar el grado de responsabilidad de esta compañía en el armado del basurero.
El juez también convocó a una serie de peritos, entre ellos el Ministerio de Minería de la Provincia, para que elaboren un plan de trabajo para retirar el botadero.La decisión del magistrado se da después de que que la Fiscalía de Estado y el fiscal federal Francisco Maldonado, solictarán dicha medida, y también, luego de un informe pericial, pedido por el magistrado federal, que fue realizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
En la presentación realizada por la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, el fiscal Jorge Alvo le había pedido al juez, además de ser parte querellante en la causa, “el retiro de la escombrera debiendo requerirse a los peritos intervinientes en la causa un plan de trabajo cronológico tendiente a cumplir con dicho retiro”.Alvo, en el escrito, también le había solicitado a Rago Gallo “la aplicación de una medida cautelar innovativa tendiente a efectivizar en forma inmediata la sustentabilidad de la escombrera con el objeto que la generación potencial de daño ambiental que produce, no se traduzca en daño efectivo sobre el suelo, las napas y el agua”.
En concordancia con la solicitud de la Fiscalía de Estado, el fiscal federal Francisco Maldonado también requirió al juez el retiro inmediato de la escombrera y que se elabore un plan progresivo para llevar a cabo tal medida.Maldonado, quien señaló que “hay un delito y la Justicia debe determinar de inmediato que se cese con el mismo”, pidió que los escombros no deben ser retirados solamente por Pelambres, sino también por la empresa Glencore, fundamentando su petición en que la escombrera se ubica en una zona de paso de la empresa que tiene a su cargo Pachón, y por lo tanto “no pudieron no ver”, lo que estaba sucediendo en su terreno.
El pedido del Gobierno Provincial y del fiscal federal se realizó luego de que el informe elaborado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, en sus conclusiones, señalara entre otras cosas que la concentración de sustancias tóxicas en territorio argentino llegó a ser de hasta 71.000 veces por sobre los límites regulados por la ley de nacional, que la escombrera afectó directamente a 52 hectáreas y que los desperdicios redujeron un 53 por ciento de los espejos de agua.La causa penal que se tramita en el juzgado de Rago Gallo se inició en 2015, cuando la empresa Glencore, a cargo de la mina argentina El Pachón, denunció a Pelambres por haber arrojado, entre 2007 y 2012, 52 millones de toneladas de escombros mineros en su territorio. La acusación apunta principalmente a los tres últimos gerentes generales de Los Pelambres, a quienes la Justicia le imputó los delitos de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.Simultáneamente, en el fuero civil, se está tramitando en el Juzgado a cargo del juez federal Miguel Gálvez, una demanda de Glencore contra Los Pelambres por los daños y el uso de sus propiedad.
Diario El Zonda
