Una delegación de casi un centenar de trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) permanece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de que a través de medios masivos de comunicación se visibilice a nivel nacional la crisis laboral y social desatada en la cuenca carbonífera luego de que la empresa estatal despidiera a más de 500 trabajadores.
La protesta en la metrópolis, con el apoyo de la conducción central de ATE, cobró cuerpo el lunes con una “marcha de antorchas” representadas por las lámparas fijadas a sus cascos, la cual se desplazó por el entorno de la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación.
En ese mismo lugar, luego de superar algunas dificultades por medidas restrictivas, lograron instalar una “carpa informativa” que mantendrán hasta mañana, en tanto el viernes emprenderán el retorno a Santa Cruz.
“Luchamos contra el cierre y el vaciamiento de la mina” fue una de las frases que expresaron los voceros a los medios informativos que los entrevistaron y a cientos de porteños que se acercan diariamente interesados en conocer en profundidad el origen de conflicto desatado a partir de la designación de Omar Zeidán como interventor. Se trata de un dirigente que responde directamente al senador Eduardo Costa (Alianza Cambiemos).
“Venimos a Buenos Aires para que el gobierno nacional entienda que el cierre de la mina es inminente y es un problema muy grave que condena a las comunidades al olvido y nos deja sin trabajo”, dijo el secretario adjunto de ATE-Río Turbio, Cristian Gordillo.
Durante la marcha, que contó con el acompañamiento de centenares de porteños consustanciados con la problemática, los trabajadores mineros ataviados con overoles de color naranja y azul, entonaron canticos y enarbolaron pancartas.
A la gente que sucesivamente los iba consultando, le explicaron que hasta el momento en que Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación, YCTR tenía un plantel de 3.200 trabajadores afectados tanto al yacimiento carbonífero de Río Turbio como a la terminal ferroportuaria de Punta Loyola, en cercanías de Río Gallegos.
Dijeron que actualmente esa cantidad se ha reducido a 2.000 y advirtieron que la intervención de la empresa continúa con su política que denomina “reestructuración” a través de “telegramas extorsivos” con los que fuerza a los obreros a incorporarse a un programa de retiros voluntarios. Quienes no acepten esa condición, quedan automáticamente despedidos.
El Patagónico
