Editorial El Esquíu/ Si uno repasa la historia de los años 70, 80 o 90, fácilmente se llega a la conclusión de que la minería era sueño en lontananza. Se hablaba mucho y se concretaba poco. Las inversiones fluían en cuentagotas y formaban parte de negocios complementarios, no específicos, de los mandantes económicos del orbe.
Hoy, por suerte, la situación ha cambiado diametralmente y ya se reconoce a Catamarca como provincia minera.
Más de 10 emprendimientos en funcionamiento, un acople inteligente con el gobierno nacional que está más allá de diferencias políticas y la participación de la Provincia en los principales foros mundiales sintetizan un panorama alentador que dista un abismo de los planes del pasado.
Quienes peinan canas podrán recordar la historia de la Cities Service norteamericana que, bajo espurios negociados, quiso tomar para su explotación las principales áreas mineras del oeste catamarqueño. También recordar falsas puestas en marcha de proyectos como el de Bajo El Durazno o, más recientemente en el tiempo, los flagrantes negociados de los años 90 y 2000 en torno a la Sociedad Minera Catamarca (Somica).
Punto de partida e inconvenientes
Más allá de los problemas que existieron y de largas negociaciones, en las que no estuvo ausente la política -tuvo participación excluyente el menemismo en alianza con el castillismo-, a mediados de esos 90 comenzaron las tareas de exploración y explotación de la joya aurífera y cuprífera de Bajo la Alumbrera.
Aunque no haya sido el mejor negocio, fue el punto de partida para el cambio de paradigma e identidad.
Después de más de 20 años de actividad en la mina que manejan las multinacionales Glencore (suiza, con el 50% de las acciones), Goldcorp y Yamanda Gold (ambas canadienses, que se distribuyen el porcentaje restante), los beneficios económicos para Catamarca se podrán discutir, pero jamás negar. Cifras en miles de millones de pesos, entre utilidades y regalías, llegaron en las arcas provinciales.
Se podrá alegar que fueron mal utilizadas o irresponsablemente utilizadas. Es aceptable, pero el aporte dinerario existió y, tal vez más importante que eso, con la Alumbrera se abrieron las puertas a la minería en gran escala y hoy queda el valor de la experiencia para negociar mucho mejor nuestras riquezas.
Proyectos como el de Agua Rica, todavía en trámite de completar los requisitos que aseguren la seguridad ambiental, el de Cerro Atajo (el área fue recuperada al patrimonio provincial) o la actividad de Capillitas y el Durazno, son algunos de los activos mineros que en la misma zona de los bajos andalgalenses confirman la actividad como realidad que no tendrá retrocesos.
Las recientes expresiones del secretario de Minería, Rodolfo Micone, al aludir que ningún intendente puede dar cuenta fehaciente de la utilización de las regalías mineras, tuvieron la fuerza de una sentencia. Solamente un jefe comunal del norte belicho, con la enunciación de hechos concretos, pudo responderle. Los demás guardaron inteligente silencio.
Este era un punto flojo de la minería. Los beneficiarios, de los distintos partidos, patinaron el dinero en gastos corrientes o en agrandar la fábrica de empleados públicos.
Por suerte, ese dilema está solucionado. Hoy los intendentes tienen que presentar sus proyectos a una unidad ejecutora que funciona en el ámbito del ministerio de Producción y, una vez aprobados, sale el dinero para ejecutar las obras, las que deben ser sustentables, consistentes y orientadas a crear condiciones para que haya trabajo.
A algunos no les gusta que les retengan las regalías, lo que motivó quejas de la oposición política, en un actitud claramente irresponsable. A nadie escapa que “dinero que no se controla, se malgasta”, lo que fue avalado por la Justicia.
Tal vez, eso sí, habría que crear el mecanismo contable para que el dinero de cada jurisdicción no pierda valor. Y el gobierno provincial, por su lado, debería rendir con transparencia absoluta el manejo de la renta minera. Esto, para no caer en absurdos como construir un estadio de fútbol que nunca se necesitó o para ratificar que la consideración por parte del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en el sentido de ubicar a Catamarca como una de las provincias de mayor transparencia del país, no fue producto de la casualidad. La entidad reconoció, además, un liderazgo casi indiscutido de Catamarca en el Noroeste argentino en materia de ejecución e información del gasto, reportes de recaudación impositiva, deuda pública, transferencias de Nación, cuentas de inversión y presupuestos.
Ahora, el “oro blanco”
El gobierno nacional, al asumir a finales de 2015, prometió una lluvia de inversiones. Cuando han pasado casi dos años y medio de aquellos carísimos anhelos, la llegada de capitales extranjeros está demorada y comienza a preocupar por la situación económica en general y la relación de Argentina con el mundo.
En este marco, y para beneplácito de Catamarca, las únicas inversiones que por el momento interesan son de minería. La atracción está centrada en la explotación del litio, un mineral estratégico para diversos y masivos usos, como fabricar baterías para celulares o contribuir a la industria automotriz, que ya piensa en unidades eléctricas que requieren del mineral que ahora llaman “oro blanco”.
Las principales reservas del litio, como ya es público, se encuentran en la Puna y beneficiarían a Chile, Bolivia y la Argentina. Dentro de ésta, al catamarqueño departamento Antofagasta, cuyo amplio territorio guardaría cantidades industriales del mineral.
Eso, como tiene que ver con las exportaciones, lo sabe el gobierno nacional, por lo que está dispuesto a trabajar con las provincias norteñas.
De hecho, Catamarca –a través de su gobernadora- ya firmó el contrato que modifica el proyecto Fénix, el que permite ampliar la producción de litio. Antes había hecho lo propio con el acta-acuerdo con FMC Corporation y Minera del Altiplano, operadora del proyecto del Salar del Hombre Muerto, para la ampliación de la producción del carbonato de litio, lo que significa una inversión de unos 300 millones de dólares para los próximos años. En síntesis, estas empresas duplicarán su actividad en el límite catamarqueño-salteño.
Si a todo esto le agregamos la reciente visita del titular de YMAD, Santiago Albarracín, anunciando que el cierre de 2018 no arrojará pérdidas, se llega a una halagüeña conclusión. Catamarca vive una realidad minera que aleja, quizá para siempre, todos los fantasmas del fracaso.
El marco legal está, el control está y las inversiones crecen. El pasado ha sido soterrado por la fuerza de los hechos.
