Le ha abierto la puerta a la discusión de modificaciones a la ley 7722 sin certezas sobre cuánto va a poder avanzar. Por eso irá «paso a paso», con la mirada puesta en el poder de fuego de la antiminería. En otros casos, el gobierno de Cornejo no ha tenido dudas y se ha impuesto por la fuerza de los votos, pero esta no es una pelea cualquiera. La descarnada crítica a la Legislatura de los legisladores que impulsan el cambio.
El proyecto de reforma se enfrenta al poder de fuego de las protestas antimineras.(Nacho Gaffuri / MDZ)
El Gobierno le ha abierto la puerta a la discusión de modificaciones a la ley 7722 sin certezas sobre cuánto va a poder avanzar.
Hay coincidencia política, por lo menos parcial, con la propuesta del senador de Unidad Ciudadana Alejandro Abraham. Pero la viabilidad real de poder practicar el cambio es otra cosa.
Un gesto delata esa duda en el corazón de la gestión. Los senadores del oficialismo plantean desde ayer un debate amplio en comisiones de la iniciativa. Ningún proyecto que el Poder Ejecutivo haya estado convencido de aprobar ha generado un foro legislativo amplio de discusiones. Menos en el Senado, donde los votos alcanzan y sobran para imponerse.
La modificación (o no) de la controvertida ley 7722 será, entonces, un «paso a paso», con la mirada puesta en los departamentos y dirigentes antimineros y su capacidad de fuego.
Es un problema innegable que se opongan un intendente propio (Walther Marcolini, de General Alvear) y uno aliado (Jorge Difonso, de San Carlos). En el caso de Difonso, ya hizo una convocatoria para que el lunes que viene se reúna un organismo local que se junta sólo en casos excepcionales: el Consejo Consultivo Ciudadano.
Pero si aparecen problemas políticos en el medio, no serán exclusivos de la UCR. Los proyectos de Abraham y el malargüino Juan Agulles también provocan colisiones en el universo del PJ.
Se producirá de ese modo un corte transversal, en el cual el cornejismo ha marcado tan solo una posición inicial: la decisión de abrir el juego al debate de alternativas que permitan ampliar la matriz productiva de la provincia. Quizás con el mismo impulso que tuvo para promover el fracking, aunque esta vez será más difícil avanzar.
Por supuesto que, aunque la modificación de la ley 7722 no sea una idea propia, los aliados del gobernador han debido dar unas cuantas explicaciones de entrada. No hubo un acuerdo previo con el sector de La Cámpora, a pesar de los sorpresivos acercamientos que se produjeron hace poco, prometen. Ningún cornejista ha pensado tampoco en cambiar la ley para producir un contraste con Julio Cobos, en cuyo gobierno se sancionó la 7722, aseguran.
En rigor, hasta quienes acompañaban a Cobos en 2007, cuando la ley antiminera salió en medio de una fuerte presión social, sostienen hoy que aquella redacción fue fruto de «una circunstancia».
Lo que viene entonces es un ronda de deliberaciones con especialistas, gremios y otros actores, en la cual el oficialismo verá si puede sostener cambios a la 7722 con los cuales coincide. Esto incluirá la revisión de los matices del fallo de 2015 en el cual la Corte provincial definió la constitucionalidad de la norma.
Ese «reformismo» transversal milita hoy en la Legislatura una idea que cuestiona fuertemente a la propia Legislatura. Una de las propuestas centrales de cambio consiste en eliminar su intervención como instancia final para aprobar o rechazar las declaraciones de impacto ambiental sobre los proyectos mineros. Los que creen que está bien tomar ese camino, dicen que la Legislatura por lo menos no tiene elementos técnicos para ejercer esa facultad.
Pero hay quienes directamente la denigran y dicen que, cada vez que le bajó el pulgar a la minería, lo hacía como mero instrumento de vaivenes políticos y electorales. En este punto, el tema deja de ser la minería en sí misma: rol y desempeño de la institución legislativa es lo que queda en discusión, una vez más.
Mdz
