En medio de la crisis financiera y económica que vive el país, y ante al cual Mendoza no es extraña, resurge la discusión acerca de la conveniencia de apostar firmemente a la minería como actividad generadora de recursos.
La temática tiene años de capítulos y posiciones encontradas, y encuentra en la ley 7.722 un hito que, según la campana que se escuche, puede ser considerada como una norma que defiende los intereses de la sociedad civil al resguardarla de actividades contaminantes del medio ambiente o –del otro lado de la grieta- como una ley que torna prácticamente imposible la realización de una actividad que sus impulsores consideran imprescindible para mejorar los pobres números de nuestra actual matriz productiva.
Esta semana, por caso, un contingente de casi 80 integrantes del Clúster Energético de Mendoza viajó a San Juan para reunirse con la Cámara Minera y el Ministerio de Minería de esa provincia a fin de conocer cómo se hizo en el vecino territorio para lograr la mentada “licencia social” que la actividad requiere.
En tanto, las cámaras Industriales de nuestra provincia les pedirán a los candidatos a gobernador que definan en su plataforma electoral si cambiarán la ley 7.722 y cuáles serán esas modificaciones. En este caso, y a pesar de la intención empresaria, fuentes cercanas a los candidatos (sobre todo los de los partidos mayoritarios) aseguran que los mismos no se pronunciarán al respecto antes de las elecciones puesto que “cualquier cosa que digan les podría restar votos”.
“Minería metalífera” y “fracking” son dos tópicos que habitualmente despiertan escozor y posturas polarizadas en la opinión pública mendocina. La primera es casi impracticable en estas tierras mientras que el segundo ya se realiza por estos lares tras haber atravesado una oposición similar. Aunque la discusión no pierde actualidad ni importancia, lograr un acuerdo masivo sigue pareciendo una utopía. Al menos en este 2019 electoral.
Diario San Rafael
