La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad y plena vigencia de la Ley Nacional 26.639, de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Las repercusiones de esta medida pueden afectar proyectos mineros mendocinos, así como de otras diez provincias, por una suma aproximada de 18.000 millones de dólares, según datos de la Cámara Argentina de Minería.
Carlos Ferrer, el presidente de esta entidad a nivel local, explicó a Diario UNO cuál sería el motivo de este conflicto y qué proyectos podrían verse afectados.
El problema
La legislación que la Corte respaldó el lunes determina áreas protegidas y exentas de cualquier actividad (incluso de generación de infraestructura) a las zonas aledañas a los glaciares, pero también a las de los suelos periglaciales.
El punto conflictivo para la provincia es que la ley no determina a partir de qué altura se considera área protegida. Según Ferrer, algunos especialistas dicen 2000 y otros 3000 metros. Entonces, al no estar aclarado, existe un peligro potencial acerca de ciertos emprendimientos.
Cuáles son los proyectos afectados
Acerca de este punto, hay dos versiones bien definidas. La que sostiene la Cámara Minera, que asegura que podría peligrar el desarrollo de Cerro Amarillo y de Hierro Indio por la vigencia de la Ley 26.639.
Sin embargo, desde el gobierno de Mendoza, dijeron que, mientras Cerro Amarillo no se puede desarrollar actualmente porque así lo determina la Ley Provincial 7722 y la Ley Nacional de Glaciares, Hierro Indio no está ubicado en zona protegida, por lo tanto podría ponerse en marcha.
La versión de Carlos Ferrer es un poco más drástica. Según manifestó, si se sumaran las zonas restringidas por ambas legislaciones, directamente no habría dónde realizar actividad minera.
«La ley de Glaciares no es clara en muchos puntos. Hace referencia a que no se puede generar infraestructura en estos sitios, entonces se podría suponer que no sólo no se puede desarrollar minería, sino tampoco emprendimientos como Las Leñas, o el Paso de Agua Negra, en San Juan», sostuvo Ferrer.
Una iniciativa legislativa
En tanto esto ocurre en Buenos Aires, en Mendoza hay nuevos intentos por derogar la ley 7722, que tanta polémica ha generado entre ambientalistas y promineros.
Esta vez, de la mano del Partido Intransigente, que el viernes pasado presentó una iniciativa con este fin, que este miércoles tomó estado parlamentario y pasó a comisiones. Actualmente, se encuentra en Ambiente y Recursos Hídricos y Hacienda. Según el presidente del bloque radical en Diputados, César Biffi, difícilmente la iniciativa se trate este año.
Diario Uno
