El ambientalista Héctor Correa Gabbi hizo hincapié en los perjuicios que podría generar la actividad minera y le propuso al gobernador Rodolfo Suarez que se haga una consulta popular para ver si hay o no licencia social.
Es que luego de que en su primer día de gestión el mandatario enviara a la Legislatura un proyecto para modificar la ley 7.722, que regula la actividad y fue aprobada en 2007 tras mucha protesta social, el tema resurge en el debate público.
Correa Gabbi, que dirige la publicación La Voz de la Tierra, sostuvo que “la ley 7.722 no prohíbe la minería, el Gobierno dice que se necesita generar puestos de trabajo, pero a la Provincia le queda el 1,5% de lo que saquen las mineras… San Rafael debe reaccionar, si eliminan la 7.722, está liberado el camino para la explotación del uranio a cielo abierto y el veneno de la megaminería a cielo abierto, con grandes explosiones, es la microparticulación que se genera y que traslada el viento”.
Se preguntó: “¿A quién le vamos a vender un vino si se abre la cadena de explotación uranífera? ¿Qué vamos a ganar los sanrafaelinos? Las inversiones turísticas, ¿quién va a venir?”.
Además afirmó que la licencia social no se logra “con una audiencia o manejando como patrón de estancia a los legisladores, se logra con un plebiscito, que la sociedad diga. No nos oponemos a que Malargüe quiera explotar su potencial mineral, pero que no nos afecte los afluentes del río Atuel; no es lo mismo el límite político de un departamento que el ambiental, por eso hablamos de cuenca”.
Correa Gabbi, militante radical y exfuncionario de la gestión municipal de Ernesto Sanz, afirmó que “a Rodolfo Suarez lo apoyamos en la campaña, todos saben de mi militancia en la Unión Cívica Radical, pero que lo plebiscite y si la sociedad dice que quiere minería en San Rafael, adelante”. También dijo que no se han escuchado opiniones de instituciones como la Cámara de Comercio.
“Los invitó a los legisladores –agregó– a ir a Jáchal a ver cómo están los pueblos y el río, una sola contaminación del Atuel es más de 100 mil personas que van a padecer miseria. Estuve en el norte de Chile y para sacar a 17 mil personas de un pueblo, las llevaron a un barrio de la periferia, porque les prometieron una cosa y no cumplieron, está todo contaminado, agotaron el agua subterránea y ahora, para darle agua a la gente, están desalinizando agua de mar, acá no tenemos mar para desalinizar en caso de contaminación”.
