La iniciativa apunta contra el aval legislativo de cualquier Declaración de Impacto Ambiental y habilita el uso del ácido sulfúrico en los proyectos.
El diputado provincial Gustavo Cairo (PRO) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar la ley 7722, que en la práctica significó un freno total a la actividad minera metalífera en Mendoza
En los considerando del proyecto titulado «Minería responsable para Mendoza», se destaca que la 7722 se convirtió en «un factor virtualmente prohibitivo de la actividad de minera metalífera en la provincia» y que «a nadie se le va a ocurrir venir a invertir ni un mísero dólar a Mendoza en minería metalífera».
«Lo que no podemos es seguir repitiendo la hipocresía de decir que tenemos una norma que ‘permite’ la minería, cuando en realidad virtualmente ‘la prohíbe’«, agrega la iniciativa, que apunta contra dos restricciones importantes de la ley sancionada hace más de 15 años.
Por una parte, Cairo propone eliminar la obligatoriedad de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cualquier proyecto minero sea ratificada por ley.
«Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley«, asegura el artículo 3.
La modificación del PRO sostiene, en cambio, que «la DIA debe ser presentada para su conocimiento y control de legalidad a las comisiones de ambiente y recursos hídricos de ambas cámaras de la Legislatura o la Comisión Bicameral que se cree al efecto».
Cairo enumera el procedimiento técnico que debe recorrer cualquier proyecto para conseguir la DIA. Y que luego de ese largo camino, debe llegar a la Legislatura para conseguir aval legal. «Allí los intereses partidarios y electorales de unos y otros pueden dar por tierra, como lo han hecho, a proyectos impecables desde el punto de vista técnico», reclamó el diputado.
Por otra parte, el proyecto, que cuenta con el respaldo de otros legisladores como Enrique Thomas (PRO), Guillermo Mosso (Demócratas en el Frente) y Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista), también modifica el artículo 1 de la ley 7722.
Actualmente, «se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos».
La iniciativa de Cairo elimina de la redacción original el «ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares», lo que en consecuencia habilitaría su utilización en toda la provincia. El objetivo fundamental de este punto es favorecer el desarrollo de las minas de cobre.
Un punto que destacan los autores del proyecto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó, en su sentencia dictada en noviembre de 2021, la inconstitucionalidad de la frase “y otras sustancias tóxicas similares”.
Finalmente, se propone reemplazar el Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) por la Agencia de Control Ambiental de Mendoza (ACAM), como ente autárquico del Estado provincial, «con el objeto del control y seguimiento ambiental de la utilización de los recursos hídricos y la situación medioambiental en el territorio de la provincia».
Este proyecto se suma al presentado recientemente por el intendente radical de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para excluir a sectores puntuales de su departamento de las prohibiciones establecidas por ley. Pero tanto esa propuesta como esta iniciativa del PRO no cuentan con el apoyo del gobernador Rodolfo Suarez, quien dio por cerrado el debate minero en diciembre de 2019, tras el fracaso en su intención de modificar de 7722 a raíz de un fuerte reclamo social.
«La minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza», admitió Suarez el 12 de octubre pasado. Pero aclaró: «No creo necesario avanzar en un debate así en este momento».
El Sol
