Con el 22% de los recursos globales y 19 proyectos en marcha, la producción de litio de la Argentina podría ubicarse en el podio entre los complejos que más divisas ingresan al país, en sólo 5 años. Junto a los dilemas ambientales hay preocupaciones financieras, productivas y tecnológicas
Australia, Chile y China fueron los países que respondieron de forma rápida al «boom» del litio que se dio en los últimos años a raíz del inicio de la transición hacia la descarbonización y la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía, para abastecer la demanda global en un clima de mayor atención al impacto de la actividad del hombre en el ambiente.
La crisis climática, uno de los mayores retos globales del siglo XXI, puso en el centro del debate la actual matriz energética intensiva en combustibles fósiles y le abrió paso a una intensiva, pero en minerales, que tiene al litio como protagonista y a los países latinoamericanos como socios estratégicos, en el camino hacia matrices energéticas más sostenibles.
Por el momento, el insumo resulta insustituible para la producción de baterías de ion de litio que utilizan los vehículos eléctricos o los sistemas de acumulación de energías renovables, por eso, la Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de litio se incrementará entre 13 y 51 veces hacia 2040, según los distintos escenarios proyectados.
LUCES Y SOMBRAS
Con el 22% de los recursos de litio a nivel global -siendo el segundo país, detrás de Bolivia-, la Argentina se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral, pero, saltadas las barreras que traban en desarrollo, el potencial de la actividad es muy superior.
Aunque se destacan 19 proyectos litíferos distribuidos en las tres provincias del NOA que concentran el recurso -tres en Jujuy, cuatro en Catamarca y once en Salta-, sólo dos se encuentran actualmente en producción y generaron, en 2021, exportaciones por u$s 208 millones, con una capacidad instalada de cerca de 38.500 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (t LCE).
«Esta cifra podría multiplicarse entre 3 y 7 veces con la puesta en marcha de nuevos proyectos y ampliaciones», dijo Carlos Freytes, director del Área de Recursos naturales de Fundar, en una conferencia de prensa y marcó, entre los factores que podrían explicar un aumento de la inversión en Argentina, la ventaja relativa que ofrece el régimen de concesiones respecto de Chile y Bolivia y el menor costo operativo de la producción a partir de salmueras frente a otras fuentes alternativas (pegmatitas, arcillas, etc.), lo que le da cierta ventaja relativa frente a otros productores como Australia.
Por eso, si se logran derribar barreras financieras, productivas y tecnológicas el litio podría ubicarse entre los primeros complejos exportadores del país en tan sólo 5 años: un escenario de ingreso anual de entre u$s 5.120 millones y u$s 19.200 millones hacia 2026, según el valor que alcance el mineral en el mercado global que puede variar de 20 a 75 dólares por kilógramo.
La exportación anual puede variar de u$s 5.120 millones a u$s 19.200 millones hacia 2026 según el valor del litio en el mercado mundial
Además, según la experiencia en otros países, «la disponibilidad de litio podría traccionar el desarrollo de otras capacidades productivas y tecnológicas», dijo Freytes y mencionó como ejemplo el desarrollo de procedimientos más sustentables para la extracción y procesamiento del recurso, o el desarrollo de proveedores especializados con capacidad de expandirse a escala regional.
Sin embargo, advirtió que existen desafíos de distinta índole que fueron analizados en dos documentos publicados por la ONG que fundó Sebastián Ceria, un empresario argentino que lleva 33 años viviendo en el exterior.
BARRERAS DE ENTRADA
Al analizar las tensiones, los analistas apuntaron contra las «insoportables inconsistencias del federalismo» y a problemas específicos del régimen de promoción de la actividad minera.
La particularidad de la Argentina respecto a otros países del triángulo de litio es el régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera, que «asigna competencias y recursos entre niveles de gobierno de maneras que plantean desafíos muy importantes para la implementación de políticas de desarrollo productivo», explicó Freytes y dijo que «la facultad concesiva corresponde a las provincias que muchas veces establecen condicionalidades que dificultan generar economías de escala para desarrollar proveedores de mayor complejidad».
Mientras las provincias detentan el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones, la Nación concentra la mayor parte de los recursos tributarios provenientes de la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.
Esta desvinculación que se traduce en 84% de la capacidad contributiva para la Nación y el resto para las provincias, genera que no existan políticas de impulso a la producción o incluso monitoreo de la actividad en las zonas litíferas, ya que la recaudación va al fondo común. De hecho, según precisó, sólo Salta destina un 10% de los recursos que derrama el litio al desarrollo de la productividad minera.
Entre las condicionalidades también se apuntó al compre local, que «crea barreras de entrada para empresas de otras provincias y genera problemas de escala para el desarrollo de proveedores con capacidades productivas y tecnológicas más complejas».
Por otra parte, el régimen nacional de promoción de la actividad minera (el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras), de carácter liberal, no establece ningún tipo de condicionalidad para el acceso a los beneficios tributarios y comerciales contemplados en el régimen.
Por eso, desde Fundar, marcaron que la Argentina, que carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios, tiene menos capacidad de recaudación que otros países de la región.
Las tensiones alcanzan la política de ciencia y tecnología, a través del Conicet y la Agencia I+D+i, que se concentra en el segmento «aguas abajo», por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología de las baterías de ion litio, un segmento en el cuál existen importantes barreras financieras, tecnológicas y comerciales para el ingreso de empresas argentinas, advirtió Freytas.
La última pero no menos importante de las tensiones se concentra en la tensión ambiental. En ese sentido, María Victoria Arias Mahiques, investigadora del Área de Recursos naturales de Fundar destacó que Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros después de México, Chile y Perú. «En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales», mencionó.
«Es necesario articular una visión estratégica común entre los actores del Gobierno y de la cadena de la minería; potenciar rol de empresas públicas o mixtas y balancear distribución de recursos», resumió el director del Área de Recursos naturales de Fundar.
Fuente: El Cronista
