Emilio Guiñazú, presidente de Potasio Río Colorado, aseguró que el dictamen de la Fiscalía de Estado, que estableció una serie de condiciones, “es ampliamente favorable”. Pero admitió que reforzarán las resoluciones antes de la emisión del decreto.
En el Gobierno provincial afirmaron que el dictamen de la Fiscalía de Estado, que estableció una serie de condiciones y sugerencias para avalar el millonario acuerdo con Minera Aguilar para la explotación de la mina de sales de potasio en Malargüe, “es ampliamente favorable”. Sin embargo, admitieron que “se reforzarán los aspectos que el fiscal entiende que deben ser reforzados” antes de emitir el decreto que debe firmar el gobernador Rodolfo Suarez y que, posteriormente, tendrá que ser ratificado por la Legislatura.
El dictamen del órgano de control encabezado por Fernando Simón no cuestiona la mayoría de las etapas del proceso que derivó en la firma del contrato con la empresa propiedad de José Luis Manzano, pero sí puso el foco en una serie de cuestiones puntuales del acuerdo que incluye una promesa de inversión de 1.000 millones de dólares en un plazo de cinco años.
La principal apunta a la confidencialidad del contrato con Minera Aguilar. En tal sentido, Emilio Guiñazú, presidente de Potasio Río Colorado (PRC), aseguró que “el fiscal viene acompañando el proceso desde el principio” y que estuvo informado sobre cada paso.
“Aprueba el proceso, dice que respeta todos los principios de transparencia. Acepta el mecanismo que garantizó el mejor resultado para la provincia, entiende y aprueba los criterios de selección y a la empresa elegida”, agregó.
“Hay detalles que atenderemos a la hora de emitir el decreto y si hace falta reforzaremos algunos de los dictámenes. Vamos a trabajar para mejorarlo y dejarlo 100% satisfecho. El foco está en todo lo que se hizo bien y reforzaremos los aspectos que el fiscal entiende que deben ser reforzados”, confirmó Guiñazú este martes, en declaraciones al programa Opinión, de radio LVDiez.
Por otra parte, el presidente de la empresa estatal consideró que “queda muy poco confidencial, es una cuestión más legal, de protección. Se conocen los montos de inversión, los programas, las garantías. Hay más un tema más de curiosidad o morbo que de real confidencialidad”.
Otras frases
“Todo esto va a la Legislatura. Toda la información de fondo, el contrato, los dictámenes, las evaluaciones”.
“Existe un morbo en el ambiente. El análisis detallado de los antecedentes de las empresas fue los primero que hicimos, (Minera Aguilar) no presentó ningún problema. Sino claramente no hubiéramos seguido adelante”.
Sobre José Luis Manzano: “Es un empresario muy fuerte, con un historial muy grande. Puedo garantizar que el análisis que hicimos de los antecedentes de la compañía, del comportamiento previo, de cualquier posible situación que pudiera haberlo dejado fuera de competencia, como multas, juicios, no hubo absolutamente ningún problema. Tampoco podemos descalificar a alguien porque no nos gusta la cara”.
“Los contratos se escriben para cuando las cosas andan mal. Cuando todo funciona bien, los contratos se guardan en un cajón y los problemas se van resolviendo con sentido común y buena voluntad”.
“Los contratos son difíciles porque se negocian desde la perspectiva de que las cosas van a salir mal. Por eso cerrar este contrato llevó tiempo”.
“El contrato tiene tres niveles de garantías. Primero un cronograma con una serie de hitos penalizables. Esos hitos, a su vez, tienen garantías y si la compañía no paga, las ejecutamos para poder cobrar”.
“También existe un seguro de fiel cumplimiento. Si, más allá de algún atraso o problema que puede surgir, se detecta o se concluye que no se está cumpliendo con el contrato, la compañía ha colocado dos garantías: una de 100 millones de dólares para el primer año y otra de 150 millones que permanece viva hasta la finalización del contrato”.
“Además, hay un fideicomiso de garantía. Si la empresa llega a incumplir con el contrato, todas las acciones revierten a la provincia. Es decir que no sólo se cobra el seguro de fiel cumplimiento sino que la provincia recupera las acciones“.
“Son cosas que se prevén cuando las cosas funcionan mal, y en este caso deberían funcionar muy mal. La provincia ha previsto todos los mecanismos necesarios para asegurarse que el contrato se cumpla y no volver a una frustración como tuvimos con Vale“.
“En el caso de que existiese un problema realmente grave que nos obligase a romper el contrato, tenemos las herramientas para retomar el proyecto y salir a buscar una solución en forma inmediata, y no quedarnos diez años tratando de que la empresa que asumió el proyecto lo haga por sí mismo, como nos ocurrió con Vale“.
Fuente: El Sol
