La Fiesta Nacional de la Vendimia sirve -además de su desarrollo propiamente dicho- como vidriera para diferentes discusiones que protagonizamos los mendocinos. El último fin de semana no fue la excepción y, entre otras polémicas, el desarrollo de la minería volvió a copar la escena. Durante el Carrusel, más de 250 trabajadores de la actividad marcharon y, a posteriori y en conjunto con empresarios del sector, entregaron una nota dirigida a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia para que revean la posibilidad de flexibilizar las limitaciones legales que existen para con la minería metalífera y el uso de sustancias contaminantes.
En concreto, lo que los actores mineros reclamaron es la derogación de la ley 7.722 o, al menos, una modificación a la misma que permita que ciertos emprendimientos puedan desarrollarse. Según sostienen, la norma defendida por entidades del cuidado de agua y la población en su mayoría, ha hecho perder “cientos de millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”. En la misiva, los mineros pidieron, además, “ante el lamentable estado económico financiero de Mendoza, el déficit de genuinos y blancos puestos de trabajo y la ausencia de inversiones extranjeras, la inmediata implementación y puesta en marcha del Plan Minero Provincial y del Pacto Federal Minero Nacional”.
En 2007, el por entonces gobernador Julio Cobos promovió (previo amplio reclamo popular y que aun hoy se sigue defendiendo) la ley 7.722 que vino a regular la minería en nuestro suelo, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la actividad metalífera, lo que prácticamente la torna impracticable.
En estos doce años transcurridos, varios han sido los reclamos y los proyectos legislativos que buscaron modificar la norma y, en general, chocaron fatalmente contra quienes estiman que el cuidado del ambiente debe anteponerse a eventuales beneficios económicos.
Diario San Rafael
