Debate en el Gobierno por un proyecto de ley para atraer inversiones. Un sector quiere fijar la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales ante un conflicto; el otro cree que así no pasaría por el Congreso
La redacción de un proyecto de ley para atraer inversiones en infraestructura despertó una discusión interna en el Gobierno que comenzó hace aproximadamente dos meses y posiblemente se termine saldando en los avatares del trámite legislativo y la reglamentación de la norma.
En las próximas horas, el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un texto de 14 páginas para establecer un nuevo marco asociativo en el país, con el que espera atraer inversiones por US$ 5000 millones en el primer año y más de US$ 30.000 millones en lo que le queda de mandato.
El anteproyecto, que da origen a los contratos de participación público privada (PPP, según su identificación habitual), otorga nuevas garantías a quienes se asocien con el Estado para financiar rutas, hospitales, obras de energía o desarrollos tecnológicos, entre otras alternativas. Pero algunos sectores dentro del propio Gobierno consideran que es una propuesta algo tibia para convencer al mundo de poner dinero en un país que hace 15 años rompió los contratos con muchas de las grandes compañías extranjeras que se habían endeudado para hacer obras domésticas.
«Se buscó hacer un proyecto de ley equilibrado, ni estatista ni privatizador. Con esto no estarán contentos ni los primeros ni quienes quieren someter todo al derecho privado», explicó a LA NACION Ezequiel Cassagne, que dirigió su elaboración. Sostiene que el texto tiene el visto bueno de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos internacionales que financian esa clase de proyectos.
El espíritu del anteproyecto, según apuntó un funcionario que trabaja en la Casa Rosada, establece que la resolución de futuros conflictos con inversores que entren dentro del régimen se hará con legislación local, aunque admite su tratamiento en tribunales internacionales.
Un colaborador directo del equipo aseguró que, a cambio de dirimir el conflicto en la justicia local, el Estado se compromete a respetar esos fallos sin apelación.
En los años 90, la administración de Carlos Menem firmó acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones con países cuyas empresas luego le reclamaron a la Argentina por el incumplimiento del contrato en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre privados y Estados. Ahora, la apuesta de Macri va más lejos, porque intenta admitir ese derecho a través de una ley.
El texto que vio LA NACION sostiene que para las controversias que eventualmente surjan con respecto al contrato se «podrá determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje». Eso le abre la puerta a la resolución de conflictos en tribunales internacionales como el Ciadi. Pero no lo dice de manera expresa, por lo que los ministerios que definan las obras tendrían que resolver cada uno qué camino tomarán al momento de firmar los contratos.
Los defensores del proyecto consideran que es un punto clave para que pase con éxito el trámite legislativo. Los críticos entienden que no será suficiente para que alcance el objetivo de atraer inversiones debido a la extensa foja de incumplimientos que tiene la Argentina en el mundo de los negocios. Las diferencias podrían resolverse en la reglamentación.
El siguiente artículo va un poco más lejos. El Gobierno propone que los fallos de los tribunales arbitrales con domicilio en el país estarán prácticamente blindados y no le quedará al Estado más que acatarlos. Sostiene, entre otras cosas, que sus decisiones, salvo casos muy específicos, no podrán ser revisadas por la justicia local. Pero los inversores extranjeros suelen preferir la justicia internacional para definir eventuales pleitos. Así lo entendía incluso el kirchnerismo. En la gestión de Cristina Kirchner, YPF cerró un acuerdo bajo ley norteamericana con Chevron, según el cual los potenciales conflictos se dirimirían en tribunales franceses.
Quien empezó a trabajar en el proyecto fue Horacio Rayser, uno de los talentos que el Presidente reclutó en el sector privado con el objetivo de captar inversiones extranjeras. En el organigrama figura como secretario de Relaciones Económicas Internacionales.
El ex ejecutivo fue el encargado de coordinar el proyecto que se enviará al Congreso. Tuvo aportes de varios estudios de abogados de primera línea (el más activo fue Cassagne), los coordinadores de la Jefatura de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui y el ala que responde al ministro Rogelio Frigerio, en especial Ricardo Delgado, coordinador de Obra Pública, y la especialista en temas de financiamiento de infraestructura Alejandra Caballero, hoy en el Banco Nación.
También dieron su opinión la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Uocra, en representación de los trabajadores del sector.
A mediados de abril, en una visita a Washington, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que el proyecto estaba listo. «Le hicimos algunas mejoras y va a ir al Congreso pronto», confirmó. De hecho, se iba a mandar al Congreso hace un mes y medio, pero Frigerio le recomendó a Macri tomarse más tiempo para definir algunos cuestiones.
El proyecto que llegará al Congreso, en cambio, avanzará en otra cuestión que estaba inconclusa. Se trata de la creación de un organismo encargado de centralizar la administración de las inversiones en infraestructura, una deuda pendiente desde que Macri resolvió dividir en varios ministerios el manejo de esos temas. Hoy se encargan de definir inversiones millonarias Energía, Transporte e Interior.
La Nación