Por Estela Herbas B. / Los recientes acontecimientos en el conflicto minero y el Estado boliviano han vuelto a poner en el tapete un debate que lleva décadas: sin soluciones concretas, el costo social y ambiental de vivir de la renta para salvar la casa, es decir, continuar con el extractivismo de los recursos naturales (en este caso, los mineros), flexibilizando normativas o diluyendo reglamentaciones. Sin embargo, en algún momento arrendatario y rentista pugnarán por los derechos de la “casa”. ¡Ahí está el detalle!
Hoy por hoy, es imposible negar los antecedentes históricos del sector minero en Bolivia, su gran número y su capacidad de organización, tanto así que los cooperativistas mineros fueron favorecidos con varias normas. En términos impositivos, la cosa es aún más crítica, pues las cooperativas mineras pagan una regalía mínima de 2.5 por ciento y 1.5 por ciento .
La nueva Ley de Minería y Metalurgia, N° 535 de 2014 (que aún carece de reglamentación), reconoce a las cooperativas como actoras productivas y ratifica la naturaleza preconstituida de los derechos sobre las concesiones mineras anteriores a la promulgación de la ley, así que borrón y cuenta nueva. Pero ¿y los pasivos ambientales?
La actividad minera ha incidido significativamente en la contaminación de fuentes de agua en nuestro país durante muchos años, bien sea a través de la descarga de agua de colas de ingenio no tratadas o de aguas ácidas subterráneas, constituyendo un factor de riesgo para la salud e integridad del medio ambiente y, por ende, de las comunidades campesinas y ciudades que habitan en las cercanías de las concesiones. El caso más patético ha sido durante años la contaminación del río Pilcomayo, que deja en evidencia los vacíos legales que impiden la protección del hábitat donde se desarrolla la actividad minera, más aún si consideramos que menos del 50 por ciento de las cooperativas mineras que operan en todo el país cuentan con licencia ambiental.
Hasta ahora, pueden contarse con los dedos de las manos las experiencias de protección o remediación ambiental en este sector. Obviamente, este problema se agrava por el escaso compromiso y conciencia ambiental del sector, además de la ausencia de información sobre los métodos disponibles para reducir los impactos.
En todo caso, las cooperativas tienden a concentrarse más en preocupaciones inmediatas que en las consecuencias a largo plazo por sus actividades. Esta situación se complica si las entidades públicas responsables del seguimiento y control ambiental carecen de capacidad operativa, técnica y económica para fiscalizarlas o controlarlas.
La problemática de la contaminación es bastante compleja, si se piensa que intervienen diversos aspectos ecológicos, económicos y sociales. En tal sentido, se debería tratar de forma integral y multidisciplinaria para poder aplicar tecnologías y mecanismos de prevención, mitigación, control ambiental y remediación que sean adecuados a nuestro contexto. El Estado debe rescatar y fortalecer el accionar de la investigación y formación profesional en estas áreas.
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