La Ley de inversiones mineras se concibió en la década de los noventa como una herramienta para atraer inversiones extranjeras y desarrollar la industria minera que estaba siendo relegada. Hoy la Ley sigue vigente tal como se originó. Hay quienes sostienen que debería actualizarse y otros que piensan que da “beneficios” extras para que las empresas se vean seducidas a invertir.
Huella Minera dialogó con David Borelli, quien hace más de dos décadas que trabaja en la gestión pública. Siempre fue quien veló por la correcta aplicación de esta Ley. Actualmente al haber sido elevada la Secretaria de Minería al rango de Ministerio, su cargo pasó a ser Director Nacional de Inversiones Mineras y de él dependerá la disponibilidad de información estadística y datos concretos sobre la actividad minera en el país.
¿Qué implica su nombramiento como Director Nacional de Inversiones Mineras? ¿Cambiarán las funciones que venía desarrollando hasta ahora?
Casi desde que generó la Ley de Inversiones mi principal función era la de administrar la aplicación de esa Ley. Durante todo este tiempo lo hicimos, pero también recopilamos y procesamos información estadística para brindar información a los usuarios y a las comunidades que la requerían.
Vamos a tener una Dirección encargada de la aplicación de la normativa, que consta de un trabajo diario de dar respuestas y procesar información y otra Dirección de análisis y desarrollo de proyecto de inversión. Lo que se pretende con ello es generar una estructura que no esté en la gestión diaria y resolución de los conflictos que se producen, sino que se dediquen a procesar esa información, se vuelquen a base de datos que sean accesibles en un portal donde todos puedan entrar y ver la información. De esta forma podremos dar transparencia y datos ciertos. Necesitamos generar información que se ponga a disposición de la gente y que sea generada desde la realidad y no con cierta intencionalidad o manipulación de datos.
¿Cómo nace la Ley de Inversiones Mineras?
La ley nace en un contexto extremadamente difícil, se remonta hacia fines de los 80, cuando la gran crisis generó la derogación de todas las Leyes de promoción que existían, tanto industrial como minera. Momento en que el Gobierno de Alfonsín colapsa por la crisis económica profunda y llega Menem. La realidad es que no había más recursos fiscales para seguir subsidiando a través de desgravaciones y diferimientos como pasaba con la vieja Ley y había que diseñar un marco jurídico para promocionar y atraer inversiones que permitieran desarrollar el potencial que indudablemente tenia nuestro país.
Tengo la fortuna de haber participado en un periodo muy rico en la cual fueron muchos los sectores que entraron en la discusión de qué hacer sin el costo fiscal que tenían las anteriores leyes de promoción minera para atraer las inversiones. Fue una experiencia muy linda que constó de charlas con distintos actores, desde cámaras empresariales, técnicos de distintos rubros, a organizaciones. Se fue acompañando en distintas discusiones parlamentarias y finalmente se originó la Ley de Inversiones Mineras que pretendía dar condiciones para que los capitales extranjeros invirtieran en el desarrollo de proyectos. Esa Ley junto con condiciones favorables en el marco mundial posibilitó que lleguen inversiones mineras al país.
Uno de los instrumentos era la estabilidad fiscal, arancelaria y tributaria. Como los proyectos mineros son de largo aliento, con una etapa de alto riesgo en el inicio que consta de capitales intensivos, había que darles la posibilidad de que hicieran el análisis de factibilidad para que tuviesen una mediana certeza, que se que mantuvieran estas condiciones y no haya un cambio brusco como lamentablemente nuestro país ha tenido. Este error ha hecho que muchos proyectos que eran rentables de un momento a otro, por el cambio en las reglas de juego, dejen de serlo.
En aquel momento la Ley logró que se desarrollaran proyectos que ya conocíamos y que el Estado había intervenido en evaluaciones preliminares. Sin dudas esos proyectos como ser Alumbrera o Cerro Vanguardia nos posicionaron a nivel mundial e internamente hubo un encadenamiento positivo de mayor empleo y consumo.
En las primeras etapas estos proyectos eran gestionados por profesionales extranjeros porque nuestro país el know-how sobre yacimientos de esta magnitud, pero eso a lo largo de los años la situación afortunadamente se fue revirtiendo. Hoy uno de los capitales que más valoro de la minería es la capacitación que pudieron obtener obreros, técnicos y profesionales.
¿Qué factores alteraron la aplicación de esta Ley?
En el transcurso de la aplicación hubo cambios en las condiciones mundiales, como ser la baja del precio de los metales, la Crisis del Sudeste Asiático, la crisis de los créditos hipotecarios en EEUU, que indudablemente generaron la no financiación de proyectos mineros. Sumado a que nuestro país luego de la crisis del 2001 quedó muy golpeado y se tomaron medidas que no fueron instrumentadas del modo más adecuado. Este es, sin dudas, el gran problema que hoy debemos resolver.
¿Ud considera que la Ley debiera ser actualizada o analizada en profundidad para determinar si se corresponde con lo que pasa hoy en el país?
Yo soy un técnico y quizás la respuesta es más política, pero me atrevo a analizar desde mi punto de vista que se puede seguir aplicando como está, pero que deberían actualizarse algunos puntos, ya que nuestro país no es el mismo del de la década de los noventa.
El debate tendría que darse con el mismo perfil que se dio por aquellos años, donde había mucha gente que quería aportar y opinar, pero no desde un pre concepto o intencionalidad de frenar un instrumento que fue exitoso.
No obstante, no sé si actualmente estamos en el momento o marco político adecuado para hacer algún cambio.
Desde su mirada técnica y teniendo trayectoria en el ámbito público ¿Hacia dónde cree que va la minería?
Estamos en un contexto de crisis, con bajos precios de los commodities, sobre todo el cobre y el hierro. En este contexto el nuevo Gobierno ha quitado las retenciones al sector y le ha dado la disponibilidad de divisas, que es fundamental para la minería, pero los factores que determinan invertir son múltiples, no solo las reglas internas.
Un proyecto minero es a largo plazo y no podemos vender ilusiones de que en el poco tiempo estarán produciendo. Lo importante es que hay intención de inversiones para financiar y desarrollar proyectos conocidos, pero también hay mucho interés en la exploración, que es una de las etapas más difíciles para el riesgo financiero.
Hay mucho optimismo en el sector y esperamos que el Plan 2021, presentado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que no es una fantasía, pueda ser una realidad.
¿Cuál es la importancia de tener una Ley que garantice un marco de seguridad para una actividad que tiene un alto riesgo en su inversión inicial?
A diferencia de lo que cree la mayor parte de la comunidad, la Ley de Inversiones Mineras no se basa en evadir impuestos, las empresas deben pagan impuestos. No se puede variar drásticamente la componente impositiva total –a como está redactada- que les da previsibilidad.
Supongamos que una empresa hoy factibilizó después de 10 años su proyecto, luego de esa factibilidad tiene tres años de construcción y cinco años de recupero del capital o a veces más. Ese marco donde la empresa pueda tener un componente impositivo, lo tiene que pagar. La minería paga impuestos, no tiene exenciones impositivas.
Como todo proyecto productivo, a partir del minuto cero se cuenta con el recupero del capital pero si comparamos con otras actividades, hay algunas que incluso tienen menor carga impositiva.
La Ley de Inversiones Mineras es un instrumento interesante. Se está pensando y analizando en variar algunos contenidos, considerando también la forma de cómo lo aplican otros países. Sin duda hay un espacio para debatir y buscar mejoras.
