Así lo aseguró el secretario de Estado de Minería, en relación a las modificaciones que se plantean sobre el Acuerdo Federal Minero, que afectaría políticas centrales como la toma de mano de obra local, la Responsabilidad Social Empresaria, y la contratación de bienes, servicios e insumos con proveedores locales. También pretende limitar el rol de las empresas del Estado en el sector, como FOMICRUZ.
El secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo, se refirió a las modificaciones propuestas por el Gobierno Nacional sobre el Acuerdo Federal Minero en el marco del COFEMIN, que en la actualidad analizan las provincias con esta actividad extractiva y que planea modificar aspectos inherentes a la toma de mano de obra local, a la Responsabilidad Social Empresaria, al compre local, como así también sobre el rol del Estado a través de las empresas públicas.
En ese sentido, el primer punto que Bilardo marcó como negativo, fue que «no se podrá establecer más como prioridad la contratación de trabajadores radicados o nacidos en Santa Cruz, al igual que para la provisión de bienes, servicios e insumos, ya que prohibirá la celebración de acuerdos o normas que apoyen esta política de Estado que desde el Gobierno Provincial estamos fuertemente impulsando, tanto a través de la Ley 3.141 como de la Mesa de Gestión Minera”.
En lo que tiene que ver con el desarrollo de la cadena de valor y de proveedores, el funcionario provincial resaltó que «si bien con estas modificaciones tienen en cuenta la necesidad de desarrollar proveedores de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, perjudican al empresariado local al establecer que será sin priorizar a los proveedores santacruceños, a contramano de todos los esfuerzos que se está haciendo de manera conjunta con el sector nucleado en la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz o de la Federación Económica de Santa Cruz”.
Además, explicó que «en materia de Responsabilidad Social Empresaria, desde el Gobierno Nacional plantean dejar sin efecto la inversión que hoy las operadoras están realizando en Salud, Educación, Vivienda o Seguridad, vulnerando los acuerdos ya existentes entre el Estado Provincial, los municipios y las propias operadoras”, agregando luego que «sí habilita la posibilidad de crear un Fondo Minero de Desarrollo – que administraría la Secretaría de Minería de la Nación – con un porcentaje menor al que en la actualidad las operadoras aportan al Fideicomiso UNIRSE y desde donde se invierte en estos sectores vitales para el Estado”.
Y sobre este Fondo Fiduciario en particular, abundó en que «se pretende dejarlo sin efecto en un plazo de 90 días, ya que plantean ‘evitar en lo sucesivo la creación de tributos, impuestos, contribuciones, tasas, derechos o cualquier otro tipo de aporte a ser aplicado en forma directa o indirecta al sector minero’, concentrando aún más la renta hacia este sector de la economía”, detalló.
Finalmente, y sobre lo que este nuevo AFM planifica en lo que respecta al rol de las empresas del Estado, como FOMICRUZ, Bilardo hizo hincapié en que «también nos perjudicará, junto al resto de las provincias, ya que nuestra empresa del Estado no podrá ser primera opción para adquirir derechos mineros de cualquier índole”.
«El Acuerdo Minero que propone el Gobierno Nacional perjudica a las Provincias – agregó Bilardo – y el único beneficio sería para las empresas que verían, una vez más, aumentada su renta. Nosotros vamos a proponer su discusión en el ámbito de la Organización Federal de Estados Mineros de la que participan los Gobernadores”, concluyó.
Alfredo Martínez, senador nacional Santa Cruz (UCR) e integrante de la Comisión de Minería y Energía descartó que el Acuerdo Federal Minero sea acordado entre las 23 provincias y nación antes que finalice este año, de acuerdo a la voluntad manifiesta del presidente de la nación, Mauricio Macri.
El senador nacional Alfredo Martínez sostuvo que es necesario revisar el esquema impositivo por el cual el estado nacional se queda con el «75%” de los ingresos, mientras que a las provincias propietarias de los recursos retorna el 25% aproximadamente. «No tengo miedo a dar este debate a pesar del creciente y poderoso lobby de las empresas”, dijo el ex intendente de Río Gallegos, al tiempo que advirtió la necesidad de encontrar «un nuevo equilibrio” a favor de las Provincias.
A modo de buscar mayor beneficio para los estados provinciales, Martínez recordó que hace más de «ocho años que pedimos generar el marco legal para que las mineras sean socias de Santa Cruz”, por lo que apuntó a FOMICRUZ como la responsable de ése rol.
Manantial Espejo
En primer lugar, el Senador santacruceño hizo mención al cierre definitivo que anunció Tritón Argentina de su proyecto Manantial Espejo, ubicado en cercanías de Gobernador Gregores, información dada a conocer por esta).
«El Plan de Cierre Programado (PCP) de Manantial Espejo se ha mezclado con las declaraciones del Secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, quien expresó que estaba la posibilidad de estirar este proceso de cierre, en realidad es un deseo y ojalá se pueda cumplir”, criticó y no dejó de lado que «hasta AOMA manifestó su deseo de que se estire la vida útil de este proyecto, pero en realidad es sólo una expresión ya que no hay ningún papel firmado al respecto”.
Seguidamente, destaco lo dado a conocer por aquella entidad sindical (AOMA), la cual expreso que «existía la posibilidad de que la gente que quedaba afuera de manantial espejo serían reubicados en otros emprendimientos que inician, pero lo cierto es que este trabajo viene lento y no podemos dejar de lado que en Gobernador Gregores impactará muy fuerte ése cierre”.
En otro orden, recomendó a las autoridades provinciales «avanzar en la creación de un seguro de remediación, la obligación de las mineras es dejar el medio ambiente limpio, salvo el lugar donde realizó la explotación ya que estará modificado”, al tiempo que pidió a Tritón que «no deje deuda con los proveedores locales”.
Asimismo, pidió a la Municipalidad de Gobernador Gregores poner claridad sobre los aportes que efectuó Tritón a la comuna. «Desde Tritón Argentina habían firmado con el intendente Juan Vázquez un acuerdo para aportar un valor aproximado al 1,5% del valor boca y sería destinado a obras de infraestructura, pero hubo concejales como Pablo Lombroni (Partido Obrero) y Carina Bozo (UCR) que plantearon que nunca se había visto un documento sobre ese aporte”; recordó Martínez y aclaró que «la compañía oportunamente manifestó que realizó los aportes y la aclaración desde ésa comuna nunca llegó”.
En este contexto, es que el histórico radical santacruceño demandó una decisión política respecto a la minería. «No debemos quedarnos solamente con que pagan las regalías, pretendemos que las mineras sean socias de mi provincia. Tenemos una empresa como FOMICRUZ que puede cumplir ese rol asociativo, lo hizo en pequeña escala con Cerro Vanguardia” y reprochó que en el resto de los proyectos «su participación es nula, esto lo venimos planteando hace más de 8 años”.
Legislación
Semanas atrás, desde AOMA advirtieron sobre la falta de legislación específica que rija la actividad minera, un claro ejemplo es el vacío legal respecto al cierre definitivo de los emprendimientos.
«En Argentina tenemos el derrame de Barrick Gold en Valedero el año pasado y este se repite. Eso marca a las claras el poco poder de policía que tienen las provincias y prácticamente no pueden actuar contra estos emprendimientos mineros”, analizó el Senador y advirtió que cuando se inicia el camino para modificar el Código Minero «aparece el lobby empresarial que cada día es más fuerte”.
Para respaldar sus dichos, Martínez expuso que «todavía se mantiene el pago del 3% de regalías del valor boca mina de pago hacia las provincias, es una legislación que cuesta mucho modificar precisamente por la fuerza que ejercen las empresas”.
Acuerdo Federal Minero
Consultado sobre la pretensión presidencial de poner el vigencia el pacto federal antes que finalice el año, Martínez sostuvo que se trata de «un proceso que llevará su tiempo, no creo que la definición sea rápida. Tenemos que trabajar intensamente para generar reglas de juego claras y atraer las inversiones”.
Al ser indagado sobre la pretensión de las provincias mineras de obtener mayores beneficios económicos, Martínez repitió que «Yo no le tengo temor al lobby de las empresas, ellos buscarán los mejores resultados para engrandecer su rentabilidad, pero ahí radica el desafío que tenemos por delante: buscar un equilibrio para que los empresarios ganen lo justo y necesario y que las provincias sean socias de estos emprendimientos, esos son los ejes en lo que debemos movernos, además de exigir el cuidado del medio ambiente”, aseguró.
En cuanto al régimen impositivo sostuvo que debe ser revisado y explicó que en Argentina «hubo una degradación de la participación de la provincias en la renta minera desde 1983 hasta la actualidad”, precisó que «ni bien restablecida la democracia, del total ingresado la mitad iba para el Estado Nacional y la otra mitad para las provincias”, en tanto que hoy el «75% es retenido por nación y el 25% destinado a las provincias que además deben atender la demanda de salud y educación”, indicó «Fredy” Martínez.
Para finalizar, expreso que este esquema debe ser revisado y advirtió que «ningún ejecutivo quiere dar debate cuando lo que se debate significa retiro de fondos, hoy vemos que hay un fuerte apoyo a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires, pero debemos lograr una estrategia distributiva para todas las provincias por igual”.
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