Opinión El Ancasti /
La discusión sobre el impuesto a las Ganancias, tackleada en el Senado nacional por lo menos hasta la semana que viene, permite asimilar a la minería catamarqueña como el conocido arquetipo de la madre que trabaja sobre la culpa y martiriza a sus ingratos hijos: «Van a ver cuando les falte”. Esto, porque el proyecto aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados, aparte de desfinanciar a las provincias junto al Estado nacional, propone la restitución de las retenciones a la actividad, con consecuencias muy gravosas, adicionales a la pésima señal enviada a los inversores del sector. Si la iniciativa pasa, o si las retenciones a la minería anuladas hace menos de un año retornan por cualquier otra vía, el yacimiento Bajo La Alumbrera adelantará su cierre 18 meses, para mediados del año que viene en lugar de diciembre de 2018. El impacto social y económico en la provincia sería catastrófico: caída de 1.700 puestos de trabajo directos, el 60% de los cuales está ocupado por catamarqueños; $130 millones mensuales menos de salarios; fin de operaciones comerciales entre la mina y proveedores locales por más de $240 millones, con la consecuente caída de más puestos de trabajo; pérdida de $370 millones en concepto de regalías. Fue preciso que semejante golpe a la provincia amenazara corporizarse para que recién comenzara a dimensionarse lo que la minería y la gestión de Minera Alumbrera han significado y significan para Catamarca. «Van a ver cuando les falte”.
Por las declaraciones que realizaron hasta ahora, parece que Dalmacio Mera, Inés Blas de Zamora y Oscar Castillo, los tres senadores nacionales catamarqueños, rechazarán la propuesta parida en la Cámara baja. Mientras tanto, el papel jugado por los diputados nacionales Verónica Mercado y Néstor «Chicho” Tomassi ha sido lamentable. Mercado, como era de esperarse, se alineó con las directivas impartidas por sus mandantes de la provincia de Santa Cruz; Tomassi no habrá tenido la menor idea de que estaba votando la posibilidad de sumir a su provincia en la ruina. La postura contraria a los intereses provinciales de ambos resulta todavía más grave por lo que implica en términos institucionales. Fueron elegidos por el Frente para la Victoria, facción que gobierna Catamarca y alega sostener la minería como política de Estado. Para los inversores, un indicio de doble discurso: el Gobierno dice una cosa, pero sus representantes en el Congreso hacen lo inverso. Pero hay algo que agregar, porque ningún inversor sensato detendría sus indagaciones en la superficie, mucho menos si piensa en arriesgar las millonadas que demanda la minería.
Verónica Mercado alcanzó su banca por decisión de sus parientes: el extinto Armando «Bombón” Mercado, su tío, y su primo, el director de YMAD, Ángel Mercado, sucesivos jerarcas máximos de la minería catamarqueña en lo que al sector público concierne. Es decir, la Verónica que votó a favor de restituir las retenciones a la minería es prima del Ángel funcionario minero, que se alarmó por los inconvenientes que tal disposición significaría recién cuando el sablazo a Catamarca cobró forma. La diputación de Tomassi es también obra de los Mercado, que en su caso se abstuvieron de ejercitar el nepotismo. De modo que al disenso entre el supuesto Gobierno pro-minero y dos de sus representantes en el Congreso, debe añadirse la contradicción entre el referente principal para las tratativas mineras catamarqueña, Ángel Mercado, y los mismos tribunos que encumbró, uno de los cuales es su prima. La contribución del «mercadismo” a la política de atracción de inversiones mineras es, como se ve, muy valiosa, probablemente comparable al impacto que tendría el proyecto de Ganancias sancionado por la Cámara de Diputados.
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