El Ancasti / El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, fue blanco esta semana de una denuncia por el giro de 21 millones de pesos en concepto de anticipos financieros para proyectos “indeterminados” a intendentes afines al Gobierno nacional antes de las PASO, entre ellos el de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay. El funcionario negó las imputaciones y señaló datos en mano que en realidad los municipios comandados por opositores recibieron este año más Aportes del Tesoro Nacional que los oficialistas.
El cruce, de alcance más bien corto, es menos interesante que la confirmación de los instrumentos que tiene la Casa Rosada para incidir sobre la dinámica política de las provincias, más significativos cuando Cambiemos, la marca presidencial, no cuenta ni contará, pese a su consolidación, con representaciones mayoritarias en el Congreso.
En la discusión por el Presupuesto nacional que se avecina, empiezan a quedar en evidencia las maniobras del oficialismo para hacerse con elementos de negociación con los gobernadores.
El modo en que se gestionaría la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense es uno de ellos. De prosperar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el planteo interpuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal, el monto del impuesto a las Ganancias que se coparticipa se reduciría drásticamente. Morigerar el golpe sobre las finanzas provinciales demandará tratativas en las que Nación intentará imponer condiciones en pos de sus propios objetivos. Un indicio del rumbo que tomarán las negociaciones es la decisión de destinar el 70% del impuesto al Cheque, cuyo porcentaje coparticipable los gobernadores proponen ampliar, al financiamiento de la ANSES.
Frigerio enfatizará la importancia de su rol como mediador con las provincias. Que la cartera de Interior incorporara obras públicas y viviendas, dos monedas de alto valor en el mercado donde confluye la demanda de los gobiernos provinciales y la oferta de Casa Rosada, fue señal temprana de cómo maniobraría el macrismo en minoría parlamentaria.
La distribución de fondos a los municipios desde Interior integra también la caja de herramientas de Nación para presionar sobre los gobernadores. Las objeciones no son casuales y trascienden la coyuntura electoral.
La vocación municipalista
El municipalismo suele enmascarar operaciones tendientes a establecer estructuras electorales, más sencillas en terrenos abonados por el clientelismo.
El kirchnerismo catamarqueño comenzó a entonarse, por ejemplo, con la gestión de giros de la Casa Rosada que iban directo a los intendentes sin pasar por la Casa de Gobierno, mecánica que se profundizó cuando Eduardo Brizuela del Moral abandonó el papel de “radical k” en 2008, luego del conflicto con el campo. Este “puenteo” al Gobierno provincial se conjugó con la liquidación automática de las regalías mineras a las comunas, decidida por él mismo, y el flujo del fondo sojero.
El incremento de recursos extraordinarios cuya liquidación no dependía de la voluntad del Gobierno provincial proporcionó a los jefes comunales un margen de maniobra política del que carecían. Hasta esa reconfiguración de sus ingresos, embarcarse en emprendimientos opositores implicaba para ellos arriesgarse a sufrir represalias económicas potencialmente letales, pues la mayoría dependía de aportes discrecionales del Tesoro provincial para que sus administraciones no colapsaran. A cambio de la adhesión política, Nación garantizaba que no habría controles sobre el modo que se administraría el dinero.
Los auxilios del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas de ahora podrían responder al mismo objetivo que el incipiente kirchnerismo.
Sin embargo, es preciso señalar una situación más trascendente que la suerte de una facción particular: pese al significativo aumento de sus fondos, la mayor parte de los municipios catamarqueños continúan con su crónica dependencia del auxilio provincial para no caer en cesación de pagos. La ampliación del financiamiento a la institución municipal no se ha traducido en una ampliación de la autonomía municipal, sino en lo contrario, pues con la reducción de la renta minera la dependencia económica respecto de la Provincia se ha hecho aún más inflexible.
O sea: el municipalismo, en Catamarca, ha fracasado. Lo cual no significa que deba seguir fracasando necesariamente, pero sí que es preciso revisar las políticas que se han llevado adelante con la excusa de fortalecerlo.
Evidencias
Se destaca como causa de la frustración municipalista la falta de idoneidad administrativa de muchos intendentes. Da lo mismo que tal deficiencia obedezca a impericia o camufle corruptelas. El deprimente efecto general es el mismo, al margen de excepciones como la de la Capital, que tiene una Caja de Crédito propia y se apresta a instrumentar un instituto municipal de la vivienda.
Lo ocurrido con las regalías mineras es una prueba ostensible. Se escurrieron en un resumidero de clientelismo, incompetencia y venalidades sin que las comunidades del interior modificaran sus condiciones de vida o sus expectativas de desarrollo, realidad que contrasta con la prosperidad alcanzada por dirigentes que tuvieron la suerte de administrar la etapa dorada. Algunos de ellos enfrentan las consecuencias judiciales de sus desempeños: Carlos Fabián (Antofagasta de la Sierra), Mónica Hernández (San José), José Perea (Andalgalá).
Evaluación similar puede hacerse del promocionado fondo sojero y del financiamiento nacional para obras que son objeto de causas penales por presuntas malversaciones.
Las crisis institucionales que esta semana reventaron en Chumbicha y Huillapima tienen incentivos sin dudas políticos, pero de las manifestaciones de sus actores pueden deducirse los límites que existen para consolidar un municipalismo que sea útil para comunidades y no para que los intendentes aleguen autonomía para gastar, pero no para financiar sus gastos.
Grupos de concejales trabajan para conseguir las mayorías necesarias para desplazar a Omar Soria de la intendencia de Huillapima y a Alfredo Hoffman de la de Chumbicha. En ambos escenarios, las maniobras se fundan en la reticencia de los intendentes a rendir cuentas de sus movimientos administrativos y a causas penales iniciadas por los mismos concejales por presuntas matufias.
La arbitrariedad en la administración de los recursos y la ineficacia de los mecanismos de control son la médula del problema. Las lagunas de un sistema estructurado en torno al Tribunal de Cuentas para investigar y llegado el caso sancionar las anomalías son demasiado extensas como para disuadir propensiones corruptas o incentivar un perfeccionamiento de los mecanismos administrativos; los tiempos que se toman para expedirse la Justicia y el mismo Tribunal de Cuentas, demasiado largos.
Mientras a los intendentes puedan eludir las consecuencias de sus yerros administrativos con tanta facilidad, el municipalismo, deseable para descentralizar la gestión estatal y hacerla más eficaz, continuará siendo una utopía al servicio de operaciones electoralistas.
El Ancasti
