Con la aprobación del Plan de Acción Nacional presentado en diciembre de 2017 el país obtuvo la membresía plena en esta iniciativa.
Desde 2018 la Argentina es miembro pleno de la Iniciativa sobre Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos, cuyo objetivo es servir de guía a las compañías extractivas
para mantener la seguridad de sus operaciones bajo un marco que garantice el respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estos principios fueron desarrollados en el año 2000 por un pequeño grupo de gobiernos,
empresas y organizaciones no gubernamentales. Otras empresas, gobiernos y ONG se fueron
uniendo a la iniciativa, y muchas otras firmas han declarado públicamente que aplican estos
principios en sus operaciones y proyectos. Los Principios Voluntarios están orientados a crear
un diálogo entre Estados, empresas y sociedad civil a través del cual los participantes se
comprometen a respetar una serie de lineamientos prácticos para identificar y abordar las
cuestiones relativas a la seguridad y los derechos humanos en el sector de las industrias
extractivas.
Los principios voluntarios se ordenan bajo tres ejes clave de la relación entre los derechos
humanos y el mantenimiento de la seguridad y protección de las operaciones:
1) La evaluación de riesgo, que se constituye como un paso fundamental para la
identificación y análisis de los riesgos que podrían afectar el marco de respeto por los
derechos humanos en las operaciones, y para el establecimiento de las estrategias tendientes a
minimizarlos.
2) Las interacciones entre las compañías y la seguridad pública, estableciendo directrices
para estas relaciones en lo que hace a los arreglos relativos a la seguridad y las respuestas a
los abusos de derechos humanos.
3) Las interacciones entre las compañías y la seguridad privada, eje en el cual se establecen
pautas de conducta para la seguridad privada en el contexto de los principios voluntarios.
Con el fin de obtener la membresía plena en esta iniciativa, en diciembre de 2017 la Argentina
presentó un Plan de Acción Nacional, cuya elaboración estuvo a cargo de la coordinación
entre las siguientes áreas de gobierno involucradas en la temática:
Los Puntos Focales Técnicos Nacionales:
o la Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable, (Secretaría de
Política Minera, Ministerio de la Producción y Trabajo) y
o la Dirección Nacional de Exploración y Producción (Secretaría de
Hidrocarburos, Ministerio de Energía). Dirección de Coordinación de Responsabilidad Social Empresaria y Trabajo Decente
(Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, Ministerio de Producción y Trabajo).
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos).
Dirección General de Derechos Humanos (Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto).
El mencionado Plan de Acción Nacional fue aprobado recientemente, con lo cual la Argentina
ha pasado de ser “Estado Comprometido” a la categoría de “Estado Miembro” de este
mecanismo.
La adhesión a esta iniciativa está en línea con otras en las que nuestro país ya está
involucrado, como las Directrices para Empresas Transnacionales de la OCDE y los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Cabe mencionar que los Principios Voluntarios constituyen los únicos lineamientos sobre
derechos humanos diseñados específicamente para las industrias extractivas.
