Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
El sucesor del gobernador Cornejo, Rodolfo Suarez, busca lograr los consensos necesarios para su plan minero.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma «fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (…) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad».
Pero aclara que «desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma».
Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales «preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(…)».
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
El Sol