Un complejo frente judicial

La presión sobre la Corte de Justicia para que se expida sobre la constitucionalidad de la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá aumenta a medida que se aproxima diciembre.

Mes clave para Minera Agua Rica: a fin de año el directorio de YMAD, presidido por Fernando Jalil, quedará habilitado para revisar el memorándum de intención a través del cual la gestión anterior de la firma pactó alquilarle la infraestructura de Alumbrera por un adelanto de 12,5 millones de la misma divisa.

Si el convenio se ratifica, Agua Rica habrá conseguido economizar una inversión multimillonaria en infraestructura por menos del 1% de los 1.300 millones de dólares que costó instalarla.
Para sostener la opción del leonino negocio, debería tener aprobados el mes que viene el informe de impacto ambiental y el proyecto integrado. Las posibilidades de que pueda cumplir con estas condiciones antes de que se venza el plazo parecen remotas. YMAD recuperaría entonces poder de negociación para obtener, de la valiosa infraestructura de Alumbrera, mayor provecho que el que le arrojarían los míseros emolumentos de la locación acordada hace un año. Dependerá de la voluntad política del directorio que Jalil encabeza desde principios de este año
La decisión pendiente de la Corte es clave de bóveda del frente judicial.

Ordenanza polémica
En septiembre de 2016, el Concejo Deliberante de Andalgalá sancionó por unanimidad una ordenanza que prohibió la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá.
La norma fue promulgada por el entonces intendente Alejandro Páez e inmediatamente impugnada ante la Corte por la empresa y el Gobierno provincial, por inconstitucional.
El tribunal estaba en aquel momento compuesto por cinco miembros –desde hace un mes son siete- que son lo que deben pronunciarse.

Ya hay votos emitidos, pero faltan por lo menos dos para completar el fallo. Cualquiera sea su sentido, los litigantes tienen la opción de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en queja.
En caso de declararse la validez de la ordenanza, es seguro que Fiscalía de Estado y la firma insistirían por la vía recursiva.
Menos certezas hay sobre la conducta que podría seguir la Municipalidad, al comando del radical Eduardo Córdoba, si la Corte le falla en contra ¿Seguirán el criterio de la administración Páez o se allanarán a una sentencia desfavorable?
Lo primero que se le planteó a Córdoba cuando asumió, en diciembre del año pasado, fue si promovería la derogación de la ordenanza antiminera en el Concejo Deliberante. Anticipó que no y no lo hizo. Un concejal recién electo del justicialismo amagó con la propuesta, pero se quedó en la gatera.
Ningún representante político se anima a remover el avispero de la fractura social provocada por la minería. Delegaron esa tarea en la Corte, pero el fallo reinstalará la polémica.
Eso, en el terreno político. La decisión del tribunal incidirá sobre el trámite de otros dos procesos pendientes.

Expedientes
Uno está en el Juzgado de Minas a cargo de Guillermo Cerda, quien después del violento desalojo de un piquete de la Asamblea El Algarrobo en febrero de 2010 restringió las actividades en el campamento de Agua Rica hasta que la empresa no garantice que su producción no tendrá impacto ambiental nocivo.
El otro es más arduo.

En marzo de 2016, la Suprema Corte de la Nación ordenó a la Justicia local dictar una nueva sentencia en reemplazo del rechazo inicial a una acción de amparo planteada en 2012 por ambientalistas andalgalenses contra el informe de impacto ambiental que el Gobierno de Eduardo Brizuela del Moral le había aprobado a la empresa.
El juez de Garantías Rodolfo Cecenarro decidió entonces parar Agua Rica hasta que las garantías exigidas por los ambientalistas sean cubiertas a través de un informe de impacto ambiental elaborado como corresponde y, conforme a lo requerido por el máximo tribunal, con la participación de la ciudadanía afectada.

El derrotero de este expediente es aleccionador sobre el costo que pueden tener travesuras jurídicas y administrativas. Los supremos anularon todo el procedimiento porque el informe de impacto ambiental presentado por Agua Rica en 2007 había sido aprobado dos años después en forma “condicionada”, figura inexistente en el orden jurídico minero vigente.
Nótese desde cuando viene arrastrándose el trámite de Agua Rica. 13 años y todavía en veremos. La empresa Yamana Gold obtuvo significativos márgenes para la especulación a lo largo del proceso, al amparo de una burocracia estatal que se abstuvo de exigirle nada y, por el contrario, le hizo sistemáticas concesiones.

El acuerdo con YMAD por el uso de la infraestructura de Alumbrera fue el último eslabón de una saga signada por las defecciones del funcionariato.
Estos comportamientos, concatenados con la licuación de la renta minera sin mayores correlatos en la calidad de vida de las poblaciones aledañas a Bajo La Alumbrera, explican la energía del extendido sentimiento antiminero.

La chance diciembre
Quizás la resistencia a la minería pueda comenzar a revertirse si la concesiva actitud del Estado abre espacio a unja política más agresiva. Diciembre abre espacio a un gesto en tal sentido.
El anterior directorio de YMAD justiticó la entrega de la infraestructura de Bajo La Alumbrera en la menesterosa situación financiera de la empresa – estaba “en el peldaño anterior a la nada”, dijeron- y en que las instalaciones carecían de valor si no había interesados en utilizarla.
Este razonamiento omite convenientemente que Agua Rica debería hacer una inversión multimillonaria para procurarse la infraestructura que alquilaría por migajas. Tendría que hacer un dique de colas y un mineraloducto, para empezar nomás ¿Cuánto representa eso en la estructura de costos del proyecto Agua Rica?
Esta es la pregunta que el directorio encabezado por Fernando Jalil estará en condiciones de plantear en diciembre para reformular la relación de YMAD con Minera Agua Rica.
Los tiburones mineros deben moverse en un clima político hostil, condicionados por un frente judicial complejo. La posesión de las costosas instalaciones de Bajo La Alumbrera es un naipe poderosísimo que YMAD, por primera vez en veinte años presidida por un catamarqueño, está en condiciones de jugar en beneficio de la Provincia.
Vale mucho más que 12,5 millones de dólares y unos alquileres a pillar.

El Ancasti

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