Minería sí, minería no


El año próximo se cumplirá un cuarto de siglo de la puesta en marcha del primer –y hasta ahora único- proyecto de explotación minera a gran escala y a cielo abierto en Catamarca: Bajo La Alumbrera. Antes, durante y después de su desarrollo, el megaproyecto debió lidiar con la resistencia a la minería en el Oeste. Cientos de cortes de ruta, marchas de repudio, agresiones, denuncias de contaminación, sospechas de enfermedades terminales, reclamos por el agua, reproches por la escasa mano de obra local y por los pocos beneficios económicos, fueron solo algunos de los obstáculos que tuvo que sortear hasta el cierre de mina, hace dos años. 

Lo cierto es que Alumbrera bajó las persianas, ya es historia. La renta que dejó estos años fue a parar a obras tales como el predio ferial y la hostería de Cortaderas. Eso es lo visible, el resto se dilapidó en gastos corrientes de la Provincia y los municipios, especialmente los del Oeste, y en corruptelas varias. Y no se cumplieron hasta ahora ninguno de los oscuros vaticinios que se lanzaron sobre el impacto catastrófico de la explotación. PUBLICIDAD

A 24 años del inicio de la gran minería en Catamarca, todavía subsiste el rechazo en algunos sectores de Andalgalá

Pero aún así, la minería en Catamarca parece estar destinada al conflicto social permanente. Y al doble discurso político, que combina declamaciones tales como “la minería es política de Estado” y otras como “no hay minería sin licencia social”. Hubo decenas de incursiones de gobernantes y autoridades en foros internacionales de minería, como el de Toronto (Canadá), abundaron las invitaciones a invertir en Catamarca, pero mientras tanto no se terminan de crear las condiciones necesarias para el desembarco. La minería sigue siendo un aliado vergonzoso para los gobiernos: la necesitan por los fondos que genera, pero la esconden y niegan cuando las papas queman. 

Ahí está Andalgalá. El sábado, una vez más, los grupos antimineros tomaron la “justicia” por sus manos. Incendiaron la sede de Agua Rica con un empleado adentro y vandalizaron la del PJ, en represalia por el apoyo del oficialismo de turno a la minería. La reacción fue porque rechazan el inicio de los trabajos de exploración en el yacimiento. Aseguran que es “ilegal”. Curiosamente, el mayor respaldo de esas tareas es la autorización de la Justicia provincial. 

En efecto, el permiso para hacer perforaciones en la zona de Agua Rica lo dio originalmente la entonces Secretaría de Minería en el último tramo de la gestión Corpacci. A partir de allí el asunto se judicializó. El juez de Minas, Raúl Cerda, se opuso por cuanto aseguró que estaba vigente la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante andalgalense y un fallo del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, en el mismo sentido, aunque con fundamentos más amplios. El expediente cayó en poder de la Cámara Civil Nº 2, que autorizó a la minera a iniciar los trabajos, casi en simultáneo con el fallo de la Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ordenanza. 

El viernes último, el intendente Eduardo Córdoba estaba azorado por las fotos de los camiones subiendo el cerro rumbo a Agua Rica. Si bien nunca se enroló abiertamente en el sector antiminero, tampoco se mostró a favor de la actividad. Por el contrario, en varias ocasiones reiteró que no están dadas las condiciones sociales para la minería. Pero como quien no quiere la cosa, el sábado mandó a su secretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martiarene, a participar en la marcha que terminó con el vandalismo en la propia ciudad que debe proteger. Martiarene había dicho horas antes que si era necesario el intendente le “pondría el cuerpo” a la minería “ilegal”. 

La barbarie “anti” se movió con total impunidad en las calles de la Perla del Oeste. Según fuentes oficiales, la Policía no actuó para impedir los ataques porque había “jóvenes drogados” entre los manifestantes y porque tenía órdenes de no reprimir. Es decir, porque cualquier acción en contrario podría traer consecuencias indeseables. Así fue que la ciudad se liberó para la destrucción. 

Apagado el fuego, abundaron los mensajes de repudio de políticos y sectores económicos. El intendente Córdoba hizo un emotivo llamado a la paz social, al igual que los concejales andalgalenses. Para ellos, por lo visto, la paz social es un valor o un estado de cosas que se produce por sí mismo, sin intervención del Estado. 

Pasaron más de dos décadas de minería en Catamarca y aún se discute si se le dará lugar o no. La hipocresía al palo. 

El Ancasti

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