El sector energético, tanto el petrolero como el minero (YCRT) atraviesa un fuerte proceso de flexibilización laboral. El titular del gremio de los petroleros privados de Chubut, “Loma” Avila sostuvo que las mismas empresas que quieren flexibilizar en Vaca Muerta operan en la Cuenca del Golfo San Jorge. Por su parte, el abogado laboralista y diputado de la Nación, Héctor Recalde, sostuvo que los convenios colectivos no pueden ser borrados de manera unilateral.
El sector energético parece ser la punta de lanza para flexibilizar los regímenes laborales en la Argentina. Tanto en el sector petrolero como en la cuenca minera de Río Turbio, se están ensayando nuevos convenios colectivos de trabajo con el objetivo, confesado por las propias autoridades, de incrementar la rentabilidad de las operadoras (en el caso petrolero) y reducir las transferencias directas, en el caso de YCRT.
La primera prueba piloto ocurre en Neuquén, donde el titular del gremio de los Petroleros privados, el senador Guillermo Pereyra, acordó con el gobernador de esa provincia, Omar Gutiérrez (ambos del MPN aliado del macrismo), y el titular de YPF, Guillermo Gutiérrez, un nuevo esquema laboral. Este nóvel convenio parece ser la nave insignia para la flexibilización. La afirmación del gerente de Recursos Humanos de YCRT, Francisco Roldán, ratifica este rumbo.
“Nosotros creemos que debemos garantizar todos los puestos de trabajo convocando a un diálogo tanto formal en el ámbito del Ministerio de Trabajo e informal, para conversar sobre la problemática actual. En el diario Clarín salió algo que podría anunciarse en estos días, un acuerdo del Sindicato Petrolero de Neuquén, el Gobernador de esa provincia, el Presidente de YPF y el secretario de Energía de Nación donde hay acuerdo para garantizar (el trabajo). Porque el petróleo bajó un 50 por ciento y hace que la actividad sea inviable”, sostuvo Roldán en declaraciones radiales, para enseguida afirmar que los sindicatos “entienden esta situación”.
“Por eso se están acordando políticas gremiales y de trabajo que les permita mantener los puestos, vislumbrando a futuro una mayor producción y esperando que el contexto varíe. Hay que asumir la responsabilidad entre todos y saber que lo más importante es mantener los puestos de trabajo ante una situación de crisis y sin perder remuneraciones sobre todos lo que menos ganan”, agregó Roldan.
El objetivo de esta argumentación fue adelantar que en YCRT podría buscarse un convenio similar al rubricado en Neuquén para el caso de Vaca Muerta.
La flexibilización laboral en el sector energético -pensada para mejorar la rentabilidad de las operadoras- tuvo un primer paso cuando los gremios petroleros participaron de las negociaciones paritarias a mediados de este año. Durante esa discusión, el Gobierno pretendió clausurar la paritaria por decreto y de manera unilateral. Así lo había informado la propia cartera de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, cuando un domingo por la noche (el mismo día de la final de la Copa América disputada entre las selecciones de Argentina y Chile) envió un comunicado para informar el cierre de paritarias y del inicio de una mesa de negociación para modificar las “condiciones laborales”.
Los gremios rechazaron la clausura de las paritarias por decreto, pero no lograron frenar el proceso de discusión sobre la flexibilización. En los medios de comunicación, lo que más se menciona es la eliminación de la remuneración que reciben los trabajadores por el tiempo que emplean en trasladarse a la boca del pozo o de la mina. Pero esa esa solo una modificación.
Según averiguó este diario, los cambios apuntan además a incrementar la “productividad” a costa de algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, en caso de haber fuertes vientos, un trabajador no debe desarrollar su tarea en los equipos de torre, por los riesgos que corre. Los cambios que pretenden introducirse apuntan a que ese trabajador siga con sus tareas a pesar de las condiciones adversas.
El titular del Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz, Jaime Alvarez, también le confirmó a este cronista que la modificación de las medidas de seguridad será una de las variables de flexibilización (o ajuste).
“Este ha sido hasta ahora un año muy difícil, pero comienza uno peor. Si vemos lo que han firmado Mendoza y Neuquén realmente comienza un año muy difícil para el sector. Van a venir a esta zona por eso mismo, son los mismos empresarios. Los que tienen las empresas en Vaca Muerta son los mismos que la tienen en Chubut y Santa Cruz. Ya hay empresas que prefieren cerrar las bases de Chubut y Santa Cruz e irse a Vaca Muerta o Neuquén y ésta es la realidad, no estamos inventando nada”, sostuvo Jorge “Loma” Avila, titular del Sindicato de Petroleros de Chubut, quien acaba de ganar nuevamente las elecciones de su gremio.
“No vamos a renunciar a lo que sabemos. Si los presupuestos de 2017 no se vuelcan al sector petrolero tanto en Chubut como Santa Cruz van a sufrir mucho. Van a caer las regalías, y van a caer las arcas municipales y la economía se va a paralizar. Este no es sólo un problema nuestro, es un problema de todos y debemos ser inteligentes y trabajar juntos porque sino después no hay ventas, no hay construcción, no hay nada”, agregó el gremialista de Chubut.
En relación al Presupuesto 2017 es cada vez más fuerte la idea de que finalmente, a partir del primero de enero del próximo año, el Gobierno nacional dejará de sostener el precio del “barril criollo”, y abrirá el juego de la importación tanto de crudo como de combustibles ya refinados.
Esta no es la única restricción presupuestaria para el sector y para la provincia. Si se analizan los programas específicos para el sector de los hidrocarburos, los recortes son mayores, tanto si se contemplan las planillas de la ejecución presupuestaria como los números para 2017.
La ejecución del programa de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas era del 30,56 por ciento, cuando la media de ejecución al 15 de octubre llegaba al 70 por ciento. Si se toma en cuenta este programa de Planificación estratégica, más el rubro formulación y ejecución de políticas hidrocarburíferas, el recorte presupuestario para 2017 llega al 30 por ciento. Para 2016 se había asignado un presupuesto – por ambos programas – de 52.160 millones de pesos mientras que para 2017 serán 36.622 millones de pesos.
Estos datos pueden corroborarse en el sitio web del Ministerio de Hacienda (ejecución presupuestaria por programa) y en los fascículos específicos del Ministerio de Energía publicados como anexos del Presupuesto 2017, que ya obtuvo una media sanción de la Cámara de Diputados.
La legalidad de los convenios
Una de las primeras medidas laborales del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, fue derogar la Ley de Flexibilización Laboral conocida como “ley banelco”. Esa derogación reinstaló la vigencia de la “ultra actividad de los Convenios Colectivos de Trabajo”. Esta cláusula quiere decir que aunque no haya una renegociación sobre un determinado convenio o aunque sea denunciado por el sector privado o patronal siguen vigentes los mismos derechos para los trabajadores.
“El artículo 14 bis de la Constitución Nacional sólo otorga el derecho a negociar de manera colectiva a los trabajadores y no a los empresarios. La ley que reglamentó el artículo 14 bis sostiene que la patronal está obligada a negociar y de buena fe. O sea que los compañeros tienen que seguir manteniendo su posición y si no llegan a un acuerdo, sigue vigente el convenio anterior. Los convenios colectivos no se pueden borrar de un plumazo, nadie lo puede hacer. Ni siquiera el Presidente de la Nación”, sostuvo a este diario Héctor Recalde, titular del bloque del FpV-PJ de la Cámara de Diputados.
“Las petroleras han acumulado una rentabilidad enorme, tienen colchón y espalada para aguantar y no trasladar esos costos a los trabajadores. Aparentemente ya firmaron un convenio flexibilizador. El tema es que tenemos un pueblo tolerante, con miedo a perder el trabajo. Sin embargo, Perón decía que la fuerza de los pueblos no se puede detener, es como el agua, avanza”, agregó el Legislador.
La semana pasada, Recalde estuvo reunido con tres gremios que tienen actuación en YCRT. “La están pasando mal, hay una campaña muy fuerte de desprestigio. Pero están resistiendo”, sostuvo el Legislador.
Mientras los despidos suceden a cuenta gotas, en YCRT también se pretende modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, al mismo tiempo en que el Presupuesto 2017 ofrece un fuerte recorte tanto para las transferencias de recursos para gastos de capital como gastos corrientes. En este punto, el Gobierno nacional recortará en un 74 por ciento los recursos destinados a la empresa. Esto surge de comparar los recursos previstos para 2017 con los estimados para 2016. En este sentido, YCRT recibiría 398 millones de pesos mientras que en el 2016 las erogaciones estimadas del Estado Nacional fueron de 1530 millones de pesos. Este achicamiento previsto para el próximo año tiene su correlato en los más de 200 despidos que ya ocurrieron en la empresa, que todavía aguarda los recursos necesarios para la finalización de la segunda usina, y de esa manera comenzar con la extracción plena de carbón.
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