El borrador del Acuerdo Federal Minero fue rechazado en duros términos por la gobernadora Alicia Kirchner, por considerar que fue redactado “desde la centralidad” de Buenos Aires. El texto presenta una serie de condicionantes a la autonomía de las provincias para fijar sus políticas económicas en la materia.
El Acuerdo Federal Minero impulsado por el Gobierno nacional recibió un rotundo rechazo por parte de Santa Cruz, casi como una voz monocorde. Sin embargo, cuando las críticas de la gobernadora Alicia Kirchner empezaron a replicarse en los distintos medios de comunicación especializados, otras jurisdicciones se sumaron al rechazo, como es el caso de San Juan y Catamarca.
La propuesta elaborada por Daniel Meilán, actual secretario de Minería –quien ya había ocupado ese mismo cargo durante el último año de gestión de Carlos Menem y autor de la famosa estabilidad fiscal para las mineras- fue esbozada en la última reunión del Consejo Federal Minero. La mandataria provincial expresó su rechazo taxativo el pasado 25 de noviembre.
“Son acuerdos federales que vienen impuestos desde el centralismo. Este tipo de proyectos deben respetar la viabilidad de cada provincia, es decir, respetar el trabajo y la mano de obra santacruceña. La provincia defenderá a nuestras empresas y nuestras Pymes para que sean colocadas en lugar de preferencia para brindar servicios a las mineras”, manifestó la Gobernadora.
Las empresas, las únicas beneficiadas- Dicho acuerdo parece escrito para favorecer a una sola de las partes del “acuerdo”, las empresas mineras, en detrimento de la autonomía de las provincias. De prosperar el texto tal cual su redacción original –cosa poco probable por el nivel de rechazo- ésta sería la segunda concesión de la administración central hacia las empresas del sector. La primera fue la eliminación de las retenciones. A través del Decreto 349/2016, publicado el 12 de febrero de este año, la administración de Macri le otorgó a las operadoras un beneficio económico millonario.
“Que los mencionados derechos de exportación han tenido un efecto negativo sobre la industria minera argentina, lo que ha desincentivado las inversiones, toda vez que el país es una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial en que se aplican derechos de tal índole… Que lo expuesto precedentemente genera la imposibilidad de establecer un esquema tributario que maximice el impacto benéfico de la minería en las regiones donde opera, lo cual es crucial para que esta actividad se convierta en vector de potenciación del federalismo”, puede leerse en los fundamentos del decreto citado.
En los primeros seis meses del año, la transferencia hacia las mineras fue de 4500 millones de pesos (316 millones de dólares).
“El Acuerdo Minero que propone el Gobierno nacional perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas que verían, una vez más, aumentada su renta. Nosotros vamos a proponer su discusión en el ámbito de la Organización Federal de Estados Mineros de la que participan los gobernadores”, sostuvo hace tres semanas el secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo.
Compre local y política provincial- Desde comienzo de año, la provincia trabajó junto a toda la cadena minera provincial para mejorar la relación entre los proveedores locales y las operadoras y de esta manera potenciar el llamado compre local. El objetivo era estudiar el porqué de los bajos ratios de compre local en la industria minera y analizar las estructuras de costos.
Así fue cómo se empezó a elaborar un formato de proyecto de ley para orientar el compre local en el sector. También se le encargó a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral un estudio sobre los costos laborales en la provincia, con el objetivo de inducir a las mineras a contratar mano de obra local.
“El Acuerdo Federal Minero lleva por nombre la Provincia de Santa Cruz, como sabían que estábamos pensando en un proyecto de ley, salieron con un montón de restricciones”, indicó a este diario el ministro de la Producción, Leonardo Alvarez.
Los cuestionamientos- El borrador del Acuerdo (Anti) Federal Minero tiene algunas particularidades que serán analizadas a continuación.
*Sobre el Régimen Tributario, el texto sostiene la “importancia que la previsibilidad y estabilidad fiscal tienen al momento de decidirse una inversión minera, por eso las partes manifiestan su acuerdo en generar y mantener en el tiempo un esquema tributario”. Este párrafo remite al Pacto de Estabilidad Fiscal de la década de 1990, impulsado por Meilán, que prohibía modificarle a las mineras los impuestos que tributaban, incluidas tasas provincias y municipales.
*Pero el texto original va un poco más allá. “Las partes acuerdan dejar sin efecto, dentro del plazo de noventa (90) días de suscripto el presente, y evitar en lo sucesivo, la creación o imposición de tributos, impuestos, contribuciones, tasas, derechos o cualquier otro tipo de aporte a ser aplicado de forma directa o indirecta sobre el sector minero”.
Es decir, las provincias no podrían crearle impuestos a las empresas que operan sobre su territorio, algo que vulnera la soberanía y autonomía de cada jurisdicción, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos naturales pertenecen a las provincias, según lo establecido en la Constitución Nacional de 1994. Pero hay una vuelta de tuerca más. No sólo no se le podrían crear nuevos tributos locales, sino que las partes –es decir el Estado y las provincias– deberían mejorarles a las mineras su ecuación impositiva, por ejemplo, financiándoles el IVA. Obviamente, que el “alivio” de las cargas tributarias se entiende –según la lógica del Gobierno nacional- como “promoción de las inversiones”, un discurso muy similar al de la década de 1990.
*Otro eje clave tiene que ver con la apertura indiscriminada de proveedores extranjeros. “Las partes acordarán las condiciones que permitan generar un sistema de provisión de bienes y servicios eficiente y competitivo, sin proteccionismo o barreras de ingreso de proveedores locales o extranjeros, de forma de evitar la pérdida de competitividad del sector en su conjunto. En especial, se procurará evitar medidas que redunden en precios altos, tiempos de entrega más prolongados o calidades deficientes para los bienes y servicios producidos o comercializados”.
*La posibilidad de que ingresen en el mercado local proveedores de otras latitudes no sería en sí un problema, ya que si fuera una política de Estado potenciar el compre local y desarrollar a las proveedores de servicios Pymes, la competencia podría redundar en mayor competitividad. Sin embargo, el borrador avanza un poco más, al señalar que no deberían fijarse pisos mínimos para el compre local.
“En ningún caso se establecerán, ya sea mediante normas de carácter imperativo o mediante acuerdos celebrados con el empleador o comprador de bienes o servicios, niveles mínimos de Empleados o Proveedores Locales; lo anterior contempla y resulta aplicable a todas las etapas del desarrollo minero, incluyendo la prospección, exploración, construcción y operación de la mina”, puede leerse en el texto presentado por el Ejecutivo nacional.
Sobre este punto hacía referencia Alvarez, cuando sostuvo que dicho acuerdo lleva por nombre la provincia de Santa Cruz, ya que desde el área de producción se estaba avanzando en una iniciativa para orientar el compre local en el sector minero.
*Y la última restricción planteada apunta a ponerle fin a las inversiones en Responsabilidad Sociedad Empresaria. El acuerdo sostenía que “no se podrá obligar a las empresas a invertir en cuestiones vinculadas a la salud, educación, vivienda o seguridad de la población”.
Esto también tiene nombre y apellido en la provincia, se llama Fideicomiso Unirse, a partir del cual las operadoras ya desembolsaron 126 millones de pesos en la comunidad.
Estos fondos ya fueron destinados a programas que tienen que ver con fortalecimiento, protección y promoción de los derechos de personas con discapacidad, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la asistencia directa por emergencia crítica, climática y situaciones especiales que afectan la ocupación y el trabajo, además de promoción y gestión de espacios comunitarios de alfabetización y terminalidad educativa. De avanzarse con dicho Acuerdo (Anti) Federal, este tipo de inversiones “sociales” deberían darse de baja.
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