Por Ricardo Olivera /
La semana pasada Barrick, una de las más grandes compañías que exploran y explotan oro en el mundo, dio la primera señal seria de regreso a Lama. Ya no a Pascua-Lama, al menos por ahora. Tal como se publicó oficialmente, se designó para estudiar la factibilidad de esta parte pequeña del yacimiento binacional a George Bee, quien fuera el desarrollador de Veladero en épocas de dificultades para la Argentina y cuando no estaba asegurada la licencia social de la gran minería.
Su nombramiento es un indicador claro de que la decisión está tomada y el exiguo plazo de 3 meses no admite otra interpretación: debe haber estudios suficientes para saber que todo puede funcionar. Esto no se trata solamente de un problema minero o de medio ambiente. En sucesivas intervenciones hemos opinado que nuestro país ahuyentó inversiones de todo tipo pero que, por el volumen de capital necesario, afectó a las inversiones mineras. Hagamos un inventario de las regulaciones que agregaron las administraciones nacionales en los últimos años y que, correspondiéndose con nuestra costumbre de ‘viveza criolla‘ tuvieron la consecuencia contraria a lo buscado. En lenguaje simple, intentamos y casi logramos matar a la gallina de los huevos de oro. En el caso de Iglesia (Veladero) se llegó a exigir un peaje a los transportes disfrazándolos de controles de velocidad.
Como no era posible cobrar peaje dado que la constitución garantiza el libre tránsito de mercaderías, se agudizó el ingenio inventando controles de velocidad cuando los camiones no pasan por lugares poblados. En Santa Cruz, la necesidad del fisco fue argumento para votar la obligación de tributar impuesto inmobiliario sobre las reservas declaradas. Es decir, pagar impuesto inmobiliario no sobre la extensión del terreno adjudicado sino por la supuesta riqueza que ese terreno contendría. Como si uno pagara inmobiliario no por el tamaño de su casa sino por el valor supuesto del cofre de las joyas. A la brasileña Vale concesionaria de Potasio Río Colorado en Mendoza le querían cobrar peaje todos los municipios por los que pasaría el material hasta el puerto de Bahía Blanca. Se terminaron yendo. En San Juan hubo cambio en la forma de cálculo de regalías.
En lugar de pagar sobre el valor boca mina como indica la ley, deduciendo los costos de producción, ahora pagan el máximo porcentaje pero sobre el precio del metal procesado y vendido. Fue un aumento significativo. Se establecieron fideicomisos como forma indirecta de incrementar los aportes de las empresas sin quebrar los contratos originales. Se estableció un fondo a debitar a los proveedores, con el argumentos de mejorar la divulgación de la actividad financiando a deportistas profesionales. Mientras los precios subían, los números aguantaban pero cuando bajaron, la rentabilidad pasó a ser desalentadora para nuevos emprendimientos y para el crecimiento de los existentes.Desde nación se estableció el control de cambios, es decir, el ingreso de las divisas por la única ventanilla del Banco Central a la tasa que la autoridad dispusiera, fue en promedio el 40% por debajo de la tasa real. Esto representó el equivalente a un impuesto de ese mismo tamaño.
Además, la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones y no sólo las necesarias para atender costos e inversiones en ampliación de reservas. Se pusieron plazos de liquidación tan cortos que a veces había que pagar aquí antes de cobrar afuera. Rigió la prohibición de girar utilidades obligando a reinversiones sin programación. Algunos empezaron a comprar edificios y campos, ajenos a la actividad, como forma de mantener el valor del capital. Consecuencia: los que estaban encerrados no se podían ir, pero nadie más quiso venir. La inflación real no reconocida y el incremento exponencial de los costos en moneda constante al no permitir que la tasa de cambio acompañara a la inflación hicieron también su trabajo.
Algo muy grave fue la falta de ajuste de balances por inflación con inflación alta, lo cual tiene como consecuencia la aparición en libros de ganancias apócrifas con obligación de tributo sobre ellas. Motivo de queja de todos los exportadores, no solamente los mineros es la devolución tardía del IVA, con plazos promedio de 14 meses, devolución en pesos con una inflación anual promedio del 25%. Por supuesto sin el ajuste de ese crédito tomado de prepo por el Estado.
Las retenciones no se justifican teóricamente para ninguna actividad porque son un impuesto a la exportación en un mundo que tiende a promoverlas o hasta a subsidiarlas, pero menos para las actividades capital intensivas, de materias primas, con riesgos altos y precios volátiles. Capítulo especial fue la sanción de la Ley de Glaciares, única en el mundo que, por vía indirecta, incrementa costos por litigios imprevisibles al ser imprecisa. La ley de inversiones mineras no permite el cambio de condiciones impositivas desde la aprobación y durante todo el proceso de explotación de un proyecto, pero se le buscó la vuelta. Por esas razones se calcula que están en situación de stand by unos U$S 20 mil millones de inversión, se paralizó la exploración y la mayoría de los proyectos ya en marcha flotan sobre una línea.
La consolidación institucional del país permitió la redacción de leyes con consenso y de largo plazo como la Ley de Inversiones Mineras cuyo texto fue transversal a administraciones de distinto color político. Esta seguridad jurídica fue necesaria para la lluvia de inversiones que hubo desde entonces, flujo que se cortó con estas sorpresas. No es casual que ahora reaparezcan algunos proyectos impulsados por la mejora de los precios. Hay quienes parecen advertir que se retornaría a la seriedad. No es casual que se vuelva a hablar de Lama.
Diario de Cuyo
