Mientras la provincia destaca su modelo de gestión en el exterior, a nivel local la Dirección de Minería está olvidada y no participa de una discusión que debería ser propia. No cumple el rol que establece la ley y está postergada a un segundo plano.
Nuevamente la minería es tema en Mendoza y entre las discusiones -a las que se les llama debate- pero que están cargadas de ideologías y escaso nivel técnico, vuelve a surgir una duda importante para el sector y también para la institucionalidad que la provincia tanto defiende y promulga.
Hace muchos años que la Dirección de Minería, la pata estatal que debería encargarse de promover la actividad, está casi desmantelada y con muy poca relevancia en el debate que hubo, que hay o que se podría venir. Es la entidad estatal encargada de manejar todos los expedientes y las concesiones en el territorio provincial, por lo que debería tener un papel que claramente no se viene cumpliendo, especialmente en una provincia que se jacta de su fuerte institucionalidad, la cual claramente no llega a todos lados.
La visita del gobernador a Canadá volvió a mostrar cómo desde el Estado se dejó de lado esta dirección en particular, una cuestión que fue reclamada por el sector en los últimos años, pero que nunca fue resuelta. Es un problema para el desarrollo de la actividad minera, porque institucionalmente la industria no cuenta con un espacio en el Estado acorde con la importancia que hoy le está dando el gobierno a la actividad por el proyecto Potasio Río Colorado.
No tiene personal ni especialistas suficientes y es poco lo que se le toma en cuenta, tanto así que en la numerosa comitiva que viajó a Canadá no se consideró al director de minería, Roberto Zenobi. El ingeniero en minas estuvo al frente de la Cámara de Empresarios Mineros y ya avanzada la gestión de Rodolfo Suarez arribó a la dirección. Sin embargo, desde la gestión de Carlos Molina, durante el gobierno de Francisco Pérez y Alfredo Cornejo, la repartición ya fue claramente postergada porque ninguno de ellos quería escuchar hablar de minería por temor al ambiente antiminero. En medio también estuvo Santiago Fernández, quien poco pudo hacer por «problemas técnicos» para asumir en plenitud el cargo. Estuvo antes de Zenobi y ahora pasó a ser parte del organigrama de PRC S.A.U.
La institucionalidad no llega a Boulogne Sur Mer
La explicación para dejar a Zenobi fuera del viaje a Canadá fue que se trató de un viaje exclusivamente para tratar la situación del potasio y, por lo tanto, viajaron los representantes de la empresa privada con control estatal que se formó para manejar el yacimiento que entregó Vale a la provincia.
Sin embargo, el viaje claramente no fue sólo para tratar con los inversores de PRC, porque junto a ese tema se trajo en la carpeta provincial (y se volvió a poner en los medios) la posibilidad de la extracción de oro sin la utilización de cianuro a través de un sistema gravitacional.
Si nos guiamos por lo que vemos, y tal como anticipamos en Memo, todo apuntaría a que PRC S.A.U. cumpla el rol de una empresa minera estatal que vaya más allá del potasio. Por lo menos así se ve en los hechos, en los que hay una ausencia absoluta de la Dirección de Minería y una alta participación de la nueva empresa y sus directivos.
Sin ir más lejos, en una entrevista realizada en Radio Nihuil al CEO de PRC, Emilio Guiñazú (quien en teoría ya no es funcionario), emitió opiniones y comentarios que son más propios de un subsecretario de Energía y Minería (su puesto anterior) o del director de Minería.
Se refirió, por ejemplo, a la posibilidad de hacer pruebas del sistema que ofrece la empresa australiana para extraer oro sin cianuro y se manifestó entusiasmado con esa posibilidad. Pero lo que particularmente me llamó la atención fue cuando lanzó una frase y aseguró que «los invitamos para que vengan nuevamente a la provincia». Además, confirmó que la intención es hacer reuniones con distintos actores locales y en todo momento se hizo parte del proceso. Lo llamativo es que Guiñazú técnicamente hoy es CEO de una empresa privada de control estatal (también representante de Mendoza en el directorio de YPF), pero no es un funcionario propiamente tal con el poder de decisión sobre esas materias, o por lo menos en los papeles no aparece con ese rol.
El CEO de PRC también se animó a señalar que se podría hacer una prueba piloto del sistema alternativo y dijo que en caso de que tengan resultados positivos «aquellos que tengan yacimientos de oro tendrán que analizarlo, porque la ley los obliga a que cuando tienen opciones desde el punto de vista técnico, las tienen que utilizar». Una frase que sonó a advertencia y apuntó a los propietarios de concesiones mineras que -en teoría- puedan explotar vía sistema gravitacional.
Claramente Guiñazú es un impulsor de la actividad minera y en el sector eso lo reconocen, pero el rol que asume va mucho más allá de la empresa que controla el yacimiento de potasio en Malargüe. Nadie duda que hoy cuando el gobernador tiene una consulta sobre la actividad minera va directo a él, que es ingeniero industrial, y no va a Robero Zenobi, que es un ingeniero en minas.
Que Guiñazú se entusiasme con la minería y la promueva no es negativo, pero llama la atención que en la institucionalidad de Mendoza esté considerada una Dirección de Minería a la que no se le de cabida en los temas que precisamente deberían ser de incumbencia. Hoy, a pesar del abandono, sigue siendo es el eslabón institucional por el que pasan todos los proyectos y que, inclusive, debería tramitar la DIA del proyecto de potasio que se vaya a realizar cuando se consiga un inversor.
Esta realidad se contradice con el discurso que promueve Mendoza sobre su institucionalidad, la cual justamente fue a destacar a Canadá. Allá, en un hotel de lujo en Toronto, no se mencionó que a nivel local su Dirección de Minería está abandonada en un edificio de la avenida Boulogne Sur Mer.
Más allá de los esfuerzos -que se valoran- para poder desarrollar la actividad minera de manera seria, es necesario que se recupere ese nivel institucional de la repartición mencionada para que tenga el rol que le corresponde y también el apoyo estatal que se necesita para cambiar la percepción errada que existe sobre la minería. De esa manera y sólo recuperando ese rol, se puede trabajar en planes a largo plazo y sustentables para una actividad que no sólo es manoseada por los antimineros, sino también por el Estado y los actores políticos que se olvidaron de la importancia de este espacio institucional.
Memo
