En el contexto de las pesadas obligaciones de la deuda externa argentina, el sector minero se está convirtiendo en un generador de ingresos cada vez más importante.
Las exportaciones mineras recaudaron US$2.200 millones en los primeros siete meses, 7% más que en igual período del año pasado, según el Ministerio de Economía.
Si bien invertir en Argentina tiene algunos beneficios, las empresas también deben lidiar con una alta inflación, incertidumbre política y las reglas de control cambiario, que requieren amplio conocimiento del marco legal.
En esta entrevista realizada vía correo electrónico, Adolfo Durañona, abogado y socio principal de Baker McKenzie, describe el panorama del sector y revela algunos detalles sobre la legislación minera del país.
BNamericas: ¿Cómo están afectando la inflación y el alza de las tasas de interés al sector minero de Argentina?
Durañona: La industria no utiliza financiamiento local. Por lo general, los proyectos utilizan capital o financiamiento externo, por lo que el aumento de las tasas de interés en pesos no afecta significativamente a los proyectos mineros, pero sí a los proveedores locales. La inflación llegó al 7% en julio y motivó el monitoreo de salarios y negociaciones con los sindicatos.
Las empresas mineras deben convertir los ingresos de sus exportaciones al tipo de cambio oficial del dólar, que ha seguido la inflación durante los últimos 18 meses. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha hecho declaraciones sobre la importancia del sector industrial, pero no se ha emitido ningún incentivo específico para la minería.
BNamericas: ¿Cómo se forma el marco legal?
Durañona: Durante los últimos cuatro años, excepto por el decreto 234/21 que otorga ciertos beneficios de control de cambios a las inversiones mineras superiores a US$100 millones, el país no ha emitido ninguna ley o reglamento para fomentar el desarrollo.
Los principales cambios en la legislación se dieron entre 1993 y 1995, cuando se reformó el código minero y se otorgó mayor acceso a los privados a las áreas de exploración y explotación, ampliando las áreas y limitando el derecho de las empresas estatales a reservar áreas. En 1993 se creó un régimen promocional con la ley de inversiones mineras.
En relación con el decreto 234/21, las empresas están sujetas a severas restricciones para acceder a divisas; sin embargo, este decreto trata de ayudar a las empresas al permitirles utilizar hasta el 60% de los ingresos obtenidos de la inversión en exportación para: (i) reembolsar el principal y los intereses por deudas comerciales o financieras extranjeras; (ii) repartir utilidades y dividendos y/o; (iii) repatriar inversiones directas realizadas por no residentes. Los beneficios se aplican a:
El beneficio no podrá exceder el máximo anual del monto bruto de divisas ingresadas a Argentina, que depende del monto invertido. Este régimen otorga estabilidad cambiaria por 15 años y el plazo para acogerse a los beneficios es de tres años a partir del 6 de abril.
Sin embargo, pocas empresas han utilizado este régimen, sea porque requiere transferir todos los dólares de inversión a través del mercado oficial e impide que utilicen otro mecanismo de inversión, o bien por otras razones.
BNamericas: ¿En qué etapa está el proyecto de ley de electromovilidad?
Durañona: El proyecto de ley está en una comisión de legisladores cuya opinión está pendiente. El Poder Ejecutivo está impulsando la aprobación, pero no se sabe si se aprobará este año. El objetivo del proyecto es promover las inversiones que permitan el desarrollo sostenido de la oferta nacional de vehículos propulsados por fuentes no convencionales y fomentar su uso.
Brinda beneficios, tanto por el lado de la demanda (compradores de vehículos) como por el lado de la oferta (autopartes, fabricantes de baterías, etc.). Para los compradores, las bonificaciones fiscales se entregan a través de una especie de bono verde, salvo por el impuesto sobre los bienes personales, así como también vía peajes diferenciados. Para los productores también hay un beneficio fiscal a través de otro tipo de bono verde y un plan de renovación y reconversión del transporte público.
En materia de inversiones, el proyecto de ley contempla una devolución anticipada del impuesto al valor agregado, depreciación acelerada sobre el impuesto a la renta, compensación de pérdidas contra utilidades y bonificaciones fiscales, entre otros mecanismos. Los beneficios se otorgarán de la siguiente manera:
Además, el proyecto establece que cualquier vehículo nuevo que no se adhiera a la definición de movilidad sostenible incluida en este proyecto de ley no podrá comercializarse a partir de enero de 2041.
BNamericas: ¿Qué proyectos mineros están cobrando mayor importancia?
Durañona: Según el Ministerio de Minería, 87 proyectos se encuentran en diferentes etapas de avance; 17 en producción, tres en construcción o ampliación y 12 obtuvieron declaración de viabilidad técnica y económica. Los principales proyectos son:
Provincia de San Juan: El proyecto cuprífero Josemaría, propiedad de Lundin Mining, que en abril obtuvo aprobación ambiental; el proyecto aurífero Veladero, propiedad del consorcio Barrick Gold-Shandong Gold, que anunció inversiones [superiores a US$400 millones] que incluyen la extensión de su vida útil [hasta 2033].
Provincia de Salta: Se realizan estudios de factibilidad para proyectos de litio, como Sal de Oro de Posco. El proyecto Centenario-Ratones de Eramet-Tsingshan se encuentra en etapa de factibilidad-construcción; Salar del Rincón de Riotinto está en etapa de factibilidad; Pastos Grandes, de Lithium Americas, se encuentra en factibilidad; y Mariana de Ganfeng, en construcción. El proyecto de oro Lindero de Fortuna Silver Mines [comenzó a producir].
Provincia de Catamarca: El proyecto de litio en el salar del Hombre Muerto, propiedad de Livent, se encuentra en producción. Tres Quebradas, de Zijin Mining y Sal de Vida, propiedad de Allkem, está en construcción.
Provincia de Jujuy: El proyecto de litio Salar de Olaroz, propiedad de Allkem, está en producción y Cauchari-Olaroz, de Ganfeng Lithium está en construcción.
Provincia de Santa Cruz: Los proyectos auríferos Cerro Moro, de Yamana Gold, y Cerro Negro, de Newmont, están ambos en producción, mientras que Don Nicolás, de Cerrado Gold, ya está operando y en proceso de expansión.
Los proyectos de cobre (49,5%) y litio (36,3%) concentran la mayor parte de las inversiones previstas, que ascienden a US$4.610 millones para cobre, US$3.380 millones para litio, US$1.290 millones para oro y US$30 millones para plata.
BNamericas: ¿Cuáles son las perspectivas del sector?
Durañona: Si consideramos que la mayoría de los cambios legales para promover la industria comenzaron en 1993, hay muchos proyectos exitosos y se podrían exportar US$4.000 millones este año. Sin embargo, eso está lejos del potencial [del sector]. Chile, por ejemplo, exportó US$57.800 millones en 2021. La volatilidad política y económica, la inflación, las restricciones cambiarias y la falta de infraestructura son las principales razones que han retrasado el desarrollo de esta industria.
Con la transición energética, Argentina está bien posicionada para aprovechar la nueva demanda de minerales. Se están analizando muchos proyectos y pueden venir más. Las empresas pueden adquirir proyectos sin tener que lidiar con aprobaciones del gobierno y la mayoría de las provincias mineras están apoyando el desarrollo de la industria.
La minería puede generar los recursos que necesita el país, pero también necesita un entorno legal estable.
Fuente: BNamericas