El Consejo Superior debe tratar la designación de un director ante Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al estar vencidos el mandato de Domingo Marchese.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán trataría sobre tablas el martes 25 de octubre la designación de un director ante Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) en representación de la Casa de Altos Estudios fundada por Juan B. Terán, ante el vencimiento del mandato del director Domingo Marchese, designado en 2018.
YMAD es una empresa minera estatal ubicada en Catamarca que explora, explota y comercializa la producción de los yacimientos minerales que se encuentran en sus concesiones de la meseta de Agua de Dionisio. La Universidad Nacional de Tucumán es copropietaria de YMAD gracias a la generosidad de Abel Peirano, descubridor del yacimiento Farallón Negro.
La empresa es presidida por Fernando Miguel Jalil, hermano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, designado en su cargo por el Gobierno Nacional. La provincia vecina cuenta con dos representantes en su directorio, Ángel de Jesús Mercado y Daniel Eduardo Gutiérrez, mientras que la UNT está representada por José Roberto Toledo (con mandato hasta 2024) y Domingo Marchese, elegido por el Consejo Superior en noviembre de 2018 y con mandato a punto de expirar.
En junio pasado, Toledo y Marchese se presentaron ante el Consejo Superior para brindar un informe sobre la situación de la UNT en YMAD. «Todas las decisiones sobre YMAD pasarán por este Consejo para trabajar con transparencia. Asimismo, cada vez que soliciten informes o reuniones, estamos a disposición», aseguró el Rector Sergio Pagani.
Es inminente la elección de un nuevo director en un clima de opacidad institucional y comunicacional en la UNT. Meses atrás, YMAD anunció nuevas exploraciones mineras que podrían significar nuevas regalías en dólares para la Casa de Altos Estudios, mientras desde Catamarca se pergeña un plan para dejar a la UNT fuera del negocio minero.
El oficialismo y la oposición en Catamarca trabajan en un plan de «provincialización» de YMAD, con el objetivo de dejar afuera al Gobierno Nacional y la Universidad Nacional de Tucumán, reemplazándola por la Universidad Nacional de Catamarca y apropiándose del legado de Peirano.
En octubre de 2021, la UNT volvió a recibir regalías mineras luego de siete años: YMAD repartió utilidades por primera vez con recursos propios y a la Casa de Altos Estudio tucumana le correspondieron el 20% de un remanente de $545 millones, lo que devino en un total de $109 millones para las arcas universitarias.
La Gaceta recordó que otros $ 109 millones (por otro 20%) fueron depositados en un plazo fijo en el Juzgado federal de Catamarca, en cumplimiento de un amparo en el marco del proceso que la UNT encaró en defensa del 40% que, por definición de la ley de creación de YMAD, le correspondía para la construcción de la Ciudad Universitaria.
Es menester la designación de un director que defienda los intereses y participación de la UNT en YMAD.
En septiembre pasado, el director Roberto Toledo admitió en diálogo con Omar Nóblega en el prime time de Canal 10 que «la UNT por medio de su Rector (Juan Alberto Cerisola), firmó un acta dando por concluida la Ciudad Universitaria cuando no estaba concluida», en referencia al acta firmada el 2 de enero de 2008 dando por culminada las obras y pasando las regalías mineras a libre disponibilidad de la Casa de Altos Estudios.
«La ley decía que una vez que se concluya la Ciudad los fondos de la Universidad dejaban de ser del 40% de las utilidades netas de la empresa y bajaban al 20%. Desde esa fecha hemos bajado del 40% al 20%. ¿Por qué se hizo eso? Tendrá que saberse en el juicio. Se presume que fue porque eso era de libre disponibilidad y en consecuencia no estaba sujeto al destino específico de la inversión en obras», sentenció Toledo.
La Justicia Federal investiga la supuesta administración fraudulenta de 85 millones de dólares provenientes de la minería entre 2006 y 2009 en la llamada Fiebre del Oro en la UNT. Por esta causa fueron procesados el exRector Cerisola; el exdirector de Contrataciones Universitarias, Osvaldo Venturino, y la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani. En julio pasado, el juez federal Fernando Poviña procesó a 20 empresarios de 20 firmas constructoras tucumanas y dictó embargos por sobreprecios en 17 obras en la UNT.
Además, en el marco del procesamiento, Cerisola fue embargado por $20 millones; Cudmani por la misma cifra y Venturino por $47 millones. El exRector dejó su cargo en 2014 y los exfuncionarios ya se jubilaron, siendo Cudmani la última en hacerlo en 2019. El plazo de la indagatoria es hasta el año 2025.
En 2017, en el marco de la investigación de los Paradise Papers, el fiscal general Antonio Gustavo Gómez solicitó la detención de Cerisola, Cudmani, Venturino, y Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, ante la sospecha de manejo indebido de fondos. Además, requirió la citación a indagatoria de dos actuales funcionarios universitarios: el secretario general José Hugo Saab y el secretario de Asuntos Jurídicos, Ramiro González Navarro.
El acta acuerdo que blanqueó Toledo aduce una supuesta conclusión de una «Ciudad Universitaria» que jamás se construyó como tal, y que fue anulada por el Consejo Superior en 2014, debido a que en la misma se dispuso de bienes de la UNT sin autorización del propio Consejo, tal como ordena el Estatuto de la UNT. Sin embargo, la misma no ha sido anulada legalmente, sino que hay un planteo judicial al respecto. Mientras tanto, para YMAD sigue siendo válida y la Ciudad Universitaria está construida y culminada.
Para llegar a declarar concluida la «Ciudad Universitaria», Cerisola se valió de una «redefinición y resignificación» del «concepto» Ciudad Universitaria, cosa que logró en junio del 2006, valiéndose de los aportes teóricos de la Tesis doctoral del Dr. Arq. Franco Marigliano, hijo del exRector Mario Marigliano; y se diseñó el Plan de Obras (Expediente Nº 713-2006).
No es posible que el por entonces Rector Cerisola ni los representantes de la UNT en el directorio de YMAD, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, hayan podido ignorar tamañas violaciones al Estatuto de la UNT, ya que el acta rubricada por el exRector no pasó por el Consejo Superior, órgano que debe autorizar la disposición de bienes universitarios y causó un perjuicio a la Casa de Altos Estudios.
Lo llamativo del acta del 2 de enero que firmaron Cerisola e YMAD es que el 13 de septiembre de 2007, menos de cuatro meses antes del acta que daba por culminadas las obras de la Ciudad Universitaria, los vocales directores de YMAD, Mario Alberto Marigliano y Rodolfo Martín Campero requerían a Cerisola «la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria» ya que «a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso».
El informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) constituye un examen exhaustivo y una evaluación del sistema de control interno de la Dirección General de Construcciones Universitarias (DGCU), mientras que la nota Sigen 2623 / 2013, firmada por el Síndico Gral de la Nación Dr. Daniel Reposo, mantiene las observaciones de la auditoría realizada al proceso de ejecución de obras públicas llevado adelante por la UNT en el año 2011.
Según el informe de la SIGEN, la DGCU ha incumplido reiteradas veces y en distintas obras (realizadas con dinero proveniente de YMAD) las normas del régimen de licitación pública previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas, violando el principio de igualdad y transparencia de las licitaciones. La DGCU hizo anticipos de dinero y reconocimiento de mayores costos no contemplados en los pliegos. Todo ello con conocimiento y responsabilidad del ex Rector Juan Cerisola, lo cual fue advertido por el HCS en el año 2010 mediante la Resolución HCS 1118/2010.
La causa paralizada en la Justicia desde el procesamiento de 20 empresarios tucumanos. Todavía se desconoce la actuación de la querella en defensa de la UNT dispuesta por el Consejo Superior en 2014. Dicha querella está encabezada como abogado particular por el doctor Rodolfo Tercero Burgos, a propuesta de la Rectora Alicia Bardón y del director de Asuntos Jurídicos, Ramiro González Navarro, sindicado como partícipe necesario de la falsificación y del andamiaje jurídico para el saqueo de las arcas de la UNT.
Fuente: El Tucumano
