La reactivación de Potasio Río Colorado se transformó en un emblema del Gobierno y también para el futuro. Podría ser un símbolo del impulso de esa actividad, o convertirse en un nuevo fracaso. Los interesados son empresarios locales y buscan evitar que se transforme en «activo inmobiliario».
El proyecto minero Potasio Río Colorado tiene, en su historia, las marcas de buena parte de la mala gestión de los recursos de la Provincia y el país: un proyecto “hundido” y abortado tras la presión interna, la mala economía nacional y, también, la demagogia. El proyecto original fue armado por el gigante Río Tinto, luego vendido a Vale (que invirtió cerca de 3 mil millones de dólares y pagó regalías por adelantado) y quedó con tan mala impronta internacional que cuando la empresa brasileña vendió sus activos, debió excluir de su cartera al proyecto mendocino. La política no se sonroja por las promesas incumplidas, pero hubo de todo luego de que de un día para otro se perdieran 3 mil empleos.
El tiempo para que se concrete la posibilidad de reapertura del proyecto de explotación de sales de potasio entra en etapa de definiciones y no será sencillo. Por un lado, el Gobierno deberá hacer públicas las ofertas que recibió para comprar la mina. Allí se caerán varias de las promesas, pues no hubo un “boom” de ofertas como se pronosticó y entre los postulantes tampoco hay actores relevantes de la minería; al menos como operadores. También deberán hacerse públicas las cláusulas secretas del acuerdo entre Vale y el Estado mendocino, pacto por el cual Mendoza no sancionó a la empresa, a cambio de 30 millones de dólares, los activos hundidos en Malargüe y una transición “ordenada”. Entre esas cláusulas están también las malas ecuaciones económicas que arrastra el proyecto y que significarán la baja de cualquier inversión privada para reactivar la mina. El vínculo con las empresas estatales, otro de los repelentes de las inversiones, también quedará claro. Puertas afuera de Mendoza no se valora como un activo positivo que PRC sea una empresa “disfrazada” de Sociedad Anónima, pero que es estatal. Tampoco la nueva firma creada para un fin similar y con los mismos actores.
Pues las ofertas que se presentaron estarían también lideradas por empresarios acostumbrados a los vidriosos vínculos entre el Estado y el mundo privado. Y no tendrán en principio el potencial propio para explotar rápidamente la mina. Por eso, de antemano hay quienes buscan hacer lobby desde para que haya vínculos entre quienes se quedarán con los permisos y actores relevantes del sector minero que tengan la experiencia, los recursos y la capacidad de reactivar la mina. El temor mayor es que se adjudiquen los permisos, pero que Potasio Río Colorado se convierta en “una escritura” de activos para negociar, y no en un proyecto productivo.
Interesados
Los tres postulantes son argentinos, aunque con vinculaciones en el exterior. Los dos más relevantes tienen detrás a empresarios conocidos, pero por actividades distintas.
Uno de ellos es Eduardo Eurnekian, uno de los actores más relevantes de la economía argentina y con negocios en distintos rubros. El más visible es el negocio de los aeropuertos, pero tiene otras concesiones. El interés por PRC viene de la mano de la apertura en el negocio minero, a través de la empresa Mexport, que ya tiene intereses en San Juan. Eurnekian tiene algún mal recuerdo de Mendoza, pues fue quien intentó impulsar el negocio del tren trasandino, al adquirir el proyecto desarrollado por Tecnicagua.
El otro empresario conocido que tiene interés en PRC es José Luis Manzano. No está claro cuál será el mascarón de proa; cuál la sociedad integrante de Integra con la que participará; pero desde el oficialismo confirmaron ese interés. De hecho directivos de ese grupo acaban de crear una nueva empresa minera en Mendoza (Litios del Oeste). Empresas para participar le sobran dentro del holding Integra Capitals. Manzano es uno de los referentes del negocio energético; como consultor y hábil negociador y también como propietario de activos. En el negocio petrolero y minero tiene más activos que operaciones; más escrituras que máquinas; contrata más abogados que ingenieros.
En Mendoza hay entusiasmos ambiguos con esa idea, pues no quieren que ocurra lo mismo que en 2008 con las concesiones petroleras, donde el mismo empresario se quedó con 7 áreas, pero no tenía capacidad para operar ninguna y fueron usadas como activos inmobiliarios. Las empresas beneficiadas crecieron (Ketsal – Kilwer), pero la provincia se perjudicó. Manzano está en buena racha, pues tiene una penetración en el Estado y el Gobierno que pocos pueden lograr. Con Sergio Massa como amigo de la casa y hasta con vínculos aceitados en los dos polos de la grieta de Estados Unidos (Los demócratas y los republicanos) y una cartera de negocios crecientes; tiene su poder revitalizado.
Los problemas de PRC no se terminan con tener o no un inversor o un nombre. Para poder producir debe resolver dos dilemas. El primero y más complejo es la disponibilidad de energía. La conexión eléctrica y, fundamentalmente, la disponibilidad de gas. Sin esos recursos, no hay explotación posible. Agua tiene, al menos los permisos, a través del acceso a 1m3 del río Grande. El proyecto original iba a consumir tanto gas como todo Mendoza y siembre fue una de las dudas. La logística para transportar el mineral es otro de los problemas a resolver. En principio, el proyecto a escala se usaría para vender potasio en el mercado interno, que podría amenguar las inversiones necesarias en el transporte, pues estaba proyectado un tren (que no se construirá) para sacarlo por el puerto de Bahía Blanca.
Las empresas que postularán son “junior” en el mundo minero, incluso ignotas. No es algo fuera de lo común, pues en esa industria hay una especie de “cadena alimentaria” en la que las compañías chicas hacen pie con ayuda, y cuando los proyectos toman relevancia se asocian a otras. Esa conexión de segundo orden es el que esperan que ocurra para que antes de los dos años, PRC se reactive. El potencial negocio no sería solo para el operador de la mina y los dueños de la concesión. También para las empresas asociadas, los sectores productivos y también las áreas y firmas «parasitarias» que suele haber. De hecho hasta ahora en la mayoría de los emprendimientos energéticos de Mendoza hubo más gastos en consultoras y proveedores de segundo orden, que en inversión productiva.
Minería en Mendoza
Para Mendoza tendría un valor importante, sobre todo desde lo simbólico. Es que reactivar una mina sería levantar una bandera que se creía abandonada. Algo similar, y a una escala mucho menor aún, es lo que esperan con Cerro Amarillo, donde habrá exploración básica, y también con Hierro Indio, que tiene un extraño sistema de vinculación donde el riesgo lo ha tomado el Estado.
La “bandera” a levantar es que “habrá minería en Mendoza”; con esos matices, claro. A largo plazo, también buscan que haya un nuevo formato de avance con los proyectos que comienzan a asomar. No habrá intentos de modificación radical de la ley 7722 como intentó infructuosamente Rodolfo Suarez, pero sí señales hacia adelante. Unas de ellas tiene que ver con la falsa sentencia Adaro. Cuando la Suprema Corte ratificó la constitucionalidad de la ley 7722, Adaro puso un asterisco en su argumentación. Habló de la incongruencia de darle aval legislativo a todos los procesos mineros. La idea de evitar que la Legislatura tenga que aprobar los proyectos de exploración tiene acuerdo político, pues consideran absurdo que los diputados y senadores deban analizar una tarea tan técnica. Esa idea está, peor no se ejecutará hasta que haya alguna señal. Hoy, por ejemplo, el contexto económico frena cualquier inversión aún cuando haya condiciones jurídicas y políticas favorables.
Potasio Río Colorado es una mina de sales de potasio, un potente fertilizante que es demandado internacionalmente. Es uno de los yacimientos más grandes del mundo. El Estado descubrió el yacimiento en los años 70. La empresa inglesa Río Tinto desarrolló y elaboró el proyecto y luego lo vendió a la brasileña Vale, que comenzó con la construcción de la mina con una inversión prevista de más de 5 mil millones de dólares que incluía todo el sistema de extracción y producción del mineral, una pista de aterrizaje (que se hizo) y hasta un tendido de ferrocarril. Para extraer el mineral se iba a inyectar agua a alta temperatura (que debía calentarse usando gas), para luego extraer el líquido con las sales. En un proceso posterior se separaba el potasio del cloruro de sodio.
En 2012 la empresa abandonó el proyecto, dejando a más de 3 mil personas sin empleo y a Mendoza sin esa fuente de ingreso. La Provincia nunca sancionó a Vale y, en cambio, negoció la transferencia de los bienes. Antes, habían intentado venderla, sin suerte porque el proyecto no era rentable. Ahora la versión estatal de PRC tiene los bienes a cargo, pero tercerizó la gestión de la búsqueda de inversores en el banco suizo UBS, que luego de intentar venderlo al «mundo», consiguió interesados más cerca de lo esperado.
Fuente: Mdz
